Dislexias en el PSOE

Cuando alguien, como Carmen Calvo, manifiesta la necesidad de regular la libertad de información y de expresión, formula el deseo y la voluntad subyacente de limitarlas, cuando estas incomoden o no gusten a intereses personales o de partido. Sin embargo, la vicepresidenta no podía pensar que horas después Ana Redondo remachara la tesis, alineándose con el exministro popular Catalá, cuando declaró que ningún derecho, como el de información, es absoluto y que las normas que de él derivan son mutables según el momento histórico. Se equivoca, cuando aplica el positivismo jurídico a derechos que se fundamentan en la naturaleza del ser humano y que no necesitan de su formulación escrita para ser reconocidos como tales. Anteponer la norma del legislador que puede estar coloreada por la ideología ha traído funestas consecuencias, de derechas o izquierdas, en la Europa del pasado siglo. El derecho a la información es inalienable, como tal no puede sustraerse a la ciudadanía y además está en la base del Estado de derecho (Marlaska dixit), aunque otra cosa es que si la información no se ajusta a la verdad o difama deba ser corregida y el emisor penado si existe un daño moral.

El contexto también resultó paradójico, pues Redondo compartía mesa con Puente, al que echó un capote, pues acostumbra a pasarse sin moderación en el otro derecho que también quieren cercenar, el de expresión; cuando todavía se esperan las demandas de Sánchez contra los medios que, en el legítimo derecho de información, advirtieron irregularidades en su tesis doctoral, que una censura previa hubiera prohibido; y cuando quieren derogar la ley mordaza por suprimir unos derechos de la misma naturaleza de los que quieren atenazar. Son las dislexias de este PSOE.