Desarticulada un red de explotación laboral a extranjeros tras escapar una víctima
La banda operaba en Valladolid bajo una falsa apariencia de legalidad con la contratación regular de parte de la plantilla que mandaba a faenar al campo
Tras entrar en España fue aislado en un domicilio, le retiraron su pasaporte y le entregaron la documentación de otra persona por si las autoridades le identificaban. Le obligaron a cumplir jornadas maratonianas sin descansos a cambio de pequeñas propinas y bajo una amenaza constante por su situación de irregularidad administrativa. Un día consiguió escapar y denunciar lo ocurrido. Un año después, la Policía Nacional ha conseguido desarticular la trama y detener a cinco personas que pertencían al grupo criminal que explotaba a ésta y otras víctimas en la provincia de Valladolid .
La trama se camuflaba bajo una falsa apariencia de legalidad. Se habían creado dos sociedades mercantiles desde las cuales realizaban contratos con agricultores para trabajos en el campo. Contaban formalmente empleados y cumplían sus obligaciones sociales y tributarias, pero estos eran una mínima parte de la plantilla que se destinaba a esas labores, para las que recurrían de forma «masiva» a personas en situación irregular , explica la Policía Nacional en un comunicado.
Con estos trabajadores irregulares no se mantenían los derechos labores, tenían salarios muy inferiores a los correspondientes a su puesto de trabajo y a las horas realizadas, sin cumplir con la jornada laboral ni los descansos establecidos, siéndoles descontados gastos abusivos o inexistentes.
Las investigaciones destaparon que la banda se dedicaba asimismo a confeccionar y tramitar documentación a la carta , según los requisitos que los demandantes de sus servicios tenían que cumplir para regularizar su situación en España, tramitar solicitudes de reagrupamiento familiar, acceder al cobro de prestaciones o subsidios o conseguir el visado correspondiente para entrar en territorio nacional.
El modus operandi en este caso consistía en cerrar contratos o empadronamientos irreales, fraudulentas altas en la seguridad social, contratos ficticios de alquiler... y en definitiva dar forma a cualquier documento falso que presentar en la administración. El cobro por estos servicios podría variar entre los 250 y 3.000 euros
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones que se sumen a los cinco arrestados como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social y falsedad documental.
