Desahucian a un matrimonio de Ponferrada el día que se anuncia la prórroga de suspensión de lanzamientos

El mismo día, casi a la misma hora, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que se ampliará por tres meses más el periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, las fuerzas del orden procedían al desahucio de un matrimonio ponferradino , residente en el barrio de Compostilla, pese a las peticiones de paralizar el lanzamiento efectuadas desde la asociación PAH Bierzo CyL.

Poco después de las 10 horas de la mañana, Antonia y José tuvieron que abandonar su casa , entre los gritos de apoyo de las personas concentradas en el lugar, que criticaron la «poca humanidad» de una ejecución que se produce «en plena pandemia», informa Ical.

Al respecto, la abogada de la familia, Elena Prado, ha anunciado su intención de llevar el caso al Tribunal Constitucional, al de Justicia de la Unión Europea o al Europeo de Derechos Humanos. «Iremos hasta donde haga falta, no nos queda otra», ha apuntado la letrada, quien ha lamentado que «lo que están haciendo hoy no se compensa ni se indemniza».

Respecto al anuncio del Gobierno de prorrogar la suspensión de lanzamiento, señala que «no han querido saber nada» y ha lamentado la «falta de voluntad» de la entidad bancaria para paralizar la ejecución. «Estaba en sus manos», ha recalcado.

Tras la denegación del recurso de amparo, el próximo paso de la defensa será formular un recurso de reposición. Mientras tanto, Antonia y José residirán temporalmente en casa de los padres de ella, ha explicado la abogada, que ha recordado que Antonia es una paciente oncológica con varias operaciones a sus espaldas . «Es una puñetera vergüenza y un despropósito», ha reprochado la afectada, que ha lamentado que en los últimos 11 años no se le haya dado la oportunidad de intentar volver a pagar la hipoteca.

Desde el ámbito institucional, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón , ha subrayado que «es voluntad del Ayuntamiento ayudar a quien lo necesite» y ha avanzado que «si la situación lo exige habrá una ayuda temporal para hacer frente a un alquiler social». El regidor ha señalado que, en este caso, el protocolo de intermediación hipotecaria no pudo aplicarse porque en el momento en que la familia contactó con las administraciones la vivienda ya estaba ejecutada y era propiedad del banco.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Lorena González, que ha estado presente en el lugar de los hechos, ha lamentado el «atropello» cometido hoy y la «injusticia» que supone que «los intereses de la entidad bancaria se estén poniendo por delante de los derechos de una familia».