Los delitos sexuales se duplican en ocho años en Castilla y León
La tendencia es similar a la nacional y se recrudece con las agresiones, que crecen un 48% desde 2019
Antes era un «tema tabú», que las personas afectadas sufrían en la «intimidad», en el silencio de sus mentes en shock a las que les habían robado su libertad de decidir. Con el tiempo se ha ido convirtiendo en un «problema de seguridad pública» en una sociedad cada vez más «sensibilizada», que es incapaz de evitar que entre sus miembros siga habiendo quienes cometen la atrocidad, pero que da un impulso a las víctimas de delitos sexuales a dar el paso, no avergonzarse de algo de lo que ellas no son responsables, perder el «miedo a no ser creídas» y denunciar a quienes les han despojado de un trocito de sí mismas.
Ese empuje es uno de los principales motivos por los que en los últimos años se ha registrado un incremento constante de las estadísticas de delitos sexuales. Desde 2013 se han duplicado en Castilla y León estas infracciones en las bases de datos de Policía Nacional y Guardia Civil tras un aumento anual consecutivo, aunque con el parón de un 2020, en el que, en general, la criminalidad, al igual que el resto de ámbitos frenó en secó con la llegada del Covid. Ahora se «denuncia más», reconocen desde la Asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos de Valladolid , aunque rehusan decir ésta como la única causa del despunte de casos conocidos por las fuerzas de seguridad. Y es que a la agrupación llegan personas que denuncian y otras que no y ambos supuestos han ido en aumento.
En concreto, en 2021 Policía Nacional y Guardia Civil reportaron 527 delitos contra la libertad sexual en la Comunidad, una cifra que no sólo aumenta respecto a 2020 sino que es incluso superior un 3,9 por ciento a un 2019 prepandemia. Las cifras coinciden con la tendencia nacional, que desde 2013 también registra un incremento de casos. Si en Castilla y León han aumentado en este tiempo un 121 por ciento, en el conjunto de España lo han hecho en un 90 por ciento.
Dentro de los distintos delitos, las agresiones sexuales con penetración aumentan en 2021 un 45 por ciento respecto a 2019, si bien representan un 12 por ciento del total de infracciones de naturaleza sexual, de acuerdo con el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. En todo caso, estos supuestos son sólo la «punta del iceberg», advierte la coordinadora de la Asociación de asistencia vallisoletana y trabajadora social, Cristina Alcalde. Así, apunta que las cifras sirven para «analizar un poco la realidad, pero no la globalidad» ya que, según los datos que manejan y tomando como referencia la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 , sólo un 11 por ciento de las víctimas de violencia sexual denuncian. Los motivos son múltiples. Algunas no pudieron dar el paso cuando sucedió y carecen de pruebas tiempo después, otras, muchas, por el «miedo a ser cuestionadas y juzgadas».
«Era menor»
De acuerdo con la citada Macroencuesta, entre las que no han denunciado ellas mismas el motivo más citado es el relativo a «era menor, era una niña» o que «sucedió en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas». En el caso de las mujeres que han sufrido una violación, la causa más común por la que no acuden a las fuerzas de seguridad o el juzgado las causas señaladas son la vergüenza (40,3%), el haber sido menor cuando tuvo lugar la violencia sexual (40,2%), temor a no ser creída (36,5%) y miedo al agresor (23,5%).
El proceso es «muy duro». Valgan de ejemplo casos que han entrado en los hogares de todo el país con situaciones muy personales de una mujer que acaban en boca de todos. Ella, aunque conserve el anonimato, tiene que lidiar con el juicio público. También reciben respaldo y cada vez son más las que deciden no quedarse calladas en una sociedad que ha visto como un movimiento como el ‘Me Too’ movilizaba a millones de personas en todo el mundo en apoyo a las víctimas que hoy en día «saben donde acudir y que pueden tener ayuda». En la Asociación vallisoletana, como en otras de la misma naturaleza a lo largo de la Comunidad, se les facilita de forma gratuita asistencia social, psicológica y jurídica, concluye Alcalde.
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