Política
Cupo vasco, la «desventaja» de Castilla y León
El Ejecutivo regional mantiene desde hace tiempo una posición beligerante con los diferentes gobiernos centrales por el trato al territorio vecino
El régimen del Concierto Económico Vasco «podrá gustar más o menos, pero es parte de la Constitución Española», aunque «otra» cosa diferente es la «concreción» de ese sistema. Es la diferenciación que hace, y siempre ha defendido, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para discernir entre el concepto global y los entresijos para calcular el conocido como Cupo vasco (la aportación que el País Vasco abona al Estado por las competencias no cedidas) . Y es que, sin disimulos, el jefe del Ejecutivo castellano y leonés muestra su disgusto por el nuevo acuerdo entre el Gobierno central y el territorio vasco para el cálculo del concierto -los ajustes de recaudación- para el quinquenio 2017-2021, a razón de 1.300 millones de euros al año. Así, desde la «lealtad» con un Ejecutivo central con el que comparte el color político del PP, Herrera reclama saber los criterios y detalles para fijar esa cantidad.
Por ello, lanza una pregunta clara y «sencilla» dirigida al Ministerio de Hacienda para saber si «esas diferencias» que ya existían entre la financiación por habitante ajustado (es decir, teniendo en cuenta las características de cada territorio) que recibía el País Vasco y el resto de comunidades «han disminuido o crecido». Y es que, recordó ayer el jefe del Ejecutivo castellano y leonés ante los micrófonos del programa «Herrera en Cope» y echando mano de los datos de la Comisión de Expertos para el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica, «informe tras informe» se ha puesto de manifiesto que esa cuantía «no solamente» no era igual, «sino crecientemente diferente».
Pero Herrera no las tiene todas consigo de que la respuesta sea que esa distancia ha recortado terreno, pues, recordó, «ni 24 horas después» de la aprobación del Cupo vasco en el Congreso, los «máximos responsables» vascos se reúnen «para anunciar» con «indisimulada alegría» unas «sustanciales rebajas» en el Impuesto de Sociedades. Un tipo, subrayó, de competencia estatal y sobre el que «los demás no podemos decir ni pío». «Se nos plantea la necesidad de preguntar». Más aún, apostilló, si se tiene en cuenta que Castilla y León es un territorio limítrofe y que, por lo tanto, una empresa que piense instalarse en un término cercano, como, por ejemplo, Miranda de Ebro, «se lo pensará tres o cuatro veces» y «finalmente» se irá a Álava. «Por eso hemos hecho oír nuestra voz», defendió Herrera sobre su queja.
Presupuestos como telón
Ésta no es la primera vez que la Junta de Castilla y León carga contra el trato favorable que desde diferentes gobiernos de la Nación se ha tenido con el País Vasco, sostenido en la percha del régimen foral por el que se ampara. De nuevo con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado como telón de fondo en épocas en las que el Ejecutivo central no goza de mayoría absoluta para sacar adelante sus cuentas.
Ardua y larga, pero también infructuosa, fue la lucha de la Junta contra el blindaje de las conocidas como «vacaciones fiscales vascas» -el tipo reducido del Impuesto de Sociedades que aplican las diputaciones forales-. El Ejecutivo de la Comunidad había emprendido incluso una batalla judicial contra estas decisiones forales -también de beneficios fiscales a empresas- por considerar que colisionaban con los principios europeos de libre competencia. Hasta que fueron blindadas en el año 2010, Castilla y León había interpuesto 14 recursos, habiendo recibido la razón en tres de ellos y manteniendo los otros 11 pendientes en ese momento.
Un blindaje que supuso la eliminación de la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dejando como única vía el Tribunal Constitucional. Una decisión que, como expresó Herrera en una carta a Zapatero ya a finales de 2006 cuando se hablaba de esa posibilidad, suponía «consecuencias negativas» tanto para Castilla y León como para otras regiones limítrofes con el País Vasco. La Comunidad tuvo como aliado en esta pugna a La Rioja, otro territorio frontera, también en contra del «abuso» y los «privilegios» del Cupo vasco.
Batalla judicial y blindaje
Sus demandas cayeron en saco roto, y entre finales de 2009 y principios de 2010, con el Gobierno de Zapatero necesitado de votos, se aprobó el blindaje que la Junta recurrió por su «indefensión» y la consolidación de la «competencia fiscal desleal» que desde 1996 llevaban ejerciendo las diputaciones forales. El balón de oxígeno para las reclamaciones de Castilla y León llegó con el respaldo de la justicia europea en el verano de 2011 considerando ilegales las vacaciones fiscales y obligando a la devolución de las subvenciones, pero la vía de respiración se cortó con la decisión del TC de respaldar el Impuesto de Sociedades de Vizcaya.
Como el Guadiana, el agravio por la «sobrefinanciación» del País Vasco ha sido una constante que ha emergido y pasado por periodos de sombra en los últimos años, pero ante el que Castilla y León siempre ha mantenido una posición beligerante. Ahora, sin querer ponerse en la piel del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Herrera sí criticó ayer el «grave perjuicio» de esa bajada de impuestos, pero consideró que al Ejecutivo «no se le puede reprochar que ante la falta de apoyo del principal grupo de la oposición -en alusión al PSOE, tenga que buscar aritméticamente otros apoyos». Y sin pronunciar un «sí» claro sobre sí existe un privilegio, reconoció que los «reiterados» datos «ponen de manifiesto» que «un ciudadano y un niño vasco tienen una financiación superior».
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