La Delegación del Gobierno prohíbe todas las manifestaciones convocadas por Vox en Castilla y León

Para sumarse a la campaña de movilizaciones que han iniciado en toda España y siguiendo la estela de las que se están celebrando durante estos días en el Barrio Salamanca de Madrid contra el Ejecutico central, Vox había solicitado celebrar manifestaciones en todas las capitales de provincia de Castilla y León el próximo 23 de mayo pero la Delegación del Gobierno en la Comunidad ha denegado la petición y prohíbe las protestas por «riesgo para la salud pública».

A través de sus nueve subdelegaciones en las provincias, el órgano que reprsenta al Gobierno en la región ha notificado este viernes por tarde mediante las correspondientes resoluciones la prohibición de celebración de manifestaciones previstas para el día 23. Se basan, según un comunicado de la Delegación del Gobierno, en los «informes desfavorables» recabados a la vista de las comunicaciones, entre los que destaca el de los Servicios Territoriales de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en el sentido de que la manifestación «puede suponer un riesgo para la integridad física tanto de los participantes en las mismas como de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, al existir una acumulación de personas».

Por el mismo motivo, señalan los informes, «en tanto se mantenga el estado de alarma en las condiciones actuales y con independencia de las medidas propuestas en las comunicaciones, la celebración de las manifestaciones podría suponer un peligro para la Salud Pública al ser una posible fuente de propagación del virus».

La Delegación del Gobierno explica en sus resoluciones que, si bien el derecho de reunión es un derecho fundamental, reconocido por el artículo 21 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el artículo 10 de esta última otorga la competencia para limitar o prohibir la reunión o manifestación a la autoridad gubernativa, « ante la existencia de razones fundadas que puedan producir alteraciones de orden público con peligro para personas y bienes».

«Al criterio sanitario se unen, además, diversos informes policiales en los que, teniendo en cuenta los itinerarios previstos en las comunicaciones se recuerda que las capitales de Castilla y León continúan en la fase 0 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril de 2020, por lo que no son de aplicación las medidas de flexibilización de carácter social recogidas en la Orden SND/386/2020», explican en el comunicado.

En las movilizaciones «puede producirse una gran afluencia de personas que impida el distanciamiento social apropiado para evitar la transmisión de la enfermedad», como señala, continúa el comunicado, el informe de la Policía Nacional de Valladolid, que considera que «se podría p oner en riesgo la salud de los participantes así como de los funcionarios policiales , desplegados como garantes del desarrollo del acto, así como personas que se hallaran por las inmediaciones dentro de los puntos previstos por la normativa vigente referida al Estado de Alarma».