Las cooperativas agrarias, en pie de guerra contra la ley que obliga a tener personal en las gasolineras

Del papel a la realidad de los surtidores. Ya es una obligación que todas la gasolineras cuenten con personal durante el horario que estén abiertas al público. Este 25 de enero se ha acabado el periodo de tres meses de moratoria para la adaptación dado en el cambio al Estatuto del Consumidor -aprobado por las Cortes el pasado 5 de octubre y publicado en Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el 25 de ese mes-. Y no por todos ha sido recibido con el mismo agrado. De hecho, la entrada en vigor del nuevo marco legal ha chocado con la Iniciativa Legislatura Popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) en la que reclaman poder seguir vendiendo combustible como hasta ahora en las estaciones de servicio que tienen.

Ayer hicieron el registro en las Cortes para poder empezar a tramitar la iniciativa, y en un mes esperan poder comenzar a recoger las casi 16.000 firmas que son necesarias para que su iniciativa se debata en el Parlamento. Y «por supuesto, con toda seguridad» confían en reunirlas y convertirla en la primera Iniciativa Legislativa Popular que se cuela en el orden del día desde que el pasado 22 de noviembre, a través de la Ley del Estatuto del Alto Cargo, se rebajó el número de rúbricas que se requieren para que los ciudadanos lleven sus asuntos al debate de sus señorías. Pasó del uno por ciento del censo de la Comunidad al 0,75.

Aunque no todas las gasolineras sin personal son propiedad de las cooperativas agrarias, éstas sí tienen una buena parte de ellas. Aproximadamente medio centenar cuentan con sus propios surtidores, repartidos en entre 70 y 80 puntos, según los cálculos de Urcacyl. Ven «absurdo» y una «estupidez» la nueva normativa, que obliga a contar con personal en las instalaciones, pero «no» a que sea quien coja la manguera y llene los depósitos cada vez que un vehículo para a repostar. Y a eso «llaman atendida», cuestionan.

En su caso, ahora el principal «problema» se centra en el horario nocturno, fines de semana y festivos, pues «ninguna» de sus estaciones de servicio «está totalmente» con personal continuamente ni sin él de forma permanente, pues durante el horario de oficina hay trabajadores en las dependencias en las que se encuentran instaladas, pero no así fuera de él.

¿Y qué van a hacer? «No sabemos», reconocen, aunque algunos ya han mostrado su intención de continuar igual. El incumplimiento supone sanciones de 3.000 a 15.000 euros en las primeras ocasiones, pero puede llegar a los 600.000 en los reincidentes.

Desde Urcacyl están «convencidos» de que con los argumentos que exponen puedan prosperar sus pretensiones, pese a que la aprobación del cambio en el Estatuto del Consumidor salió adelante por mayoría en las Cortes con el apoyo de PP (de quien partió la iniciativa), PSOE, Podemos e IU, la abstención de UPL y el voto en contra de Ciudadanos.