El Consultivo acepta que se elimine la mayoría reforzada de la ley de Ordenación

El Consejo Consultivo acepta que se elimine la mayoría reforzada en la modificación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León para la aprobación de los mapas de áreas funcionales, aunque reconoce que en su momento se introdujo porque la ordenación de servicios autonómicos y locales y sus objetivos comprometen a ambas administraciones en plazos y exigencia de estabilidad que exceden «con mucho» el límite de una legislatura.

La mayoría cualificada bloqueó la pasada legislatura la aprobación de los mapas rurales, con los que se debe culminar el modelo de ordenación territorial, debido a la falta de consenso entre PP y PSOE, quienes sí se unieron en 2013 para sacar adelante la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.

El anteproyecto de ley por el que se modifica la citada norma, elaborado por el departamento del vicepresidente, Francisco Igea, introduce, entre sus novedades, la supresión de los dos tercios y la aprobación por mayoría absoluta de los mapas de áreas funcionales, pero el dictamen del Consejo Consultivo, conocido por Ical, considera que es «una opción admisible» sobre la que «no plantea objeción».

La institución consultiva argumenta que las leyes de mayoría reforzada constituyen una excepción en el ordenamiento jurídico autonómico, más cuando no derivan de una previsión estatutaria, tienen un mayor horizonte temporal y fuerza de ley pasiva superior a otras leyes autonómicas. Ese fue el motivo, como reconoce, de que se introdujera en la anterior norma, ya que se consideró, por Junta y PSOE, de comunidad. Sin embargo, aunque la eliminación de la mayoría reforzada para aprobar los mapas no se califica de «observación sustantiva» -corrección para poder utilizar la fórmula, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo-, si realiza cinco peticiones con dicha descripción, como que en la delimitación de las áreas funcionales rurales se clarifique cuando se pide informe a las diputaciones.

El Consejo sugiere que en la delimitación de las áreas funcionales rurales, referencia espacial básica de ordenación y organización de los servicios, se utilicen términos de «uso común». Igualmente, demanda que se valore la aprobación por la Junta de los estándares mínimos de cobertura de los servicios, dado que, al ser transversales, sería mejor que hacerlo por una orden del consejero. Otra de las observaciones es que para refundir en un año los textos, como dice la nueva ley, tiene que haber varias normas y no es el caso de ésta ya que son modificaciones.