Condenado a dos años y nueve meses el exedil García de Coca por modificar el PGOU de Valladolid
La Audiencia de Valladolid le halla responsable de un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación
La Audiencia de Valladolid ha condenado a dos años y nueve meses al ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital, José Antonio García de Coca por el denominado «caso PGOU», mientras que impone un año y tres meses para el jefe del Área, Modesto Mezquita, y el arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller.
En el caso del García de Coca, la Sección Cuarta de lo Penal le halla responsable de un delito de falsedad en documento oficial, en concurso medial con varios delitos de prevaricación y dos delitos de prevaricación urbanística, y le impone dos años de cárcel, dos años de inhabilitación para cargo de concejal y multa de 2.700 euros, a lo que se suma otro año y nueve meses de inhabilitación y otra multa de 1.350 euros por un delito contra el patrimonio artístico.
Además, el tribunal condena al ex responsable del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita, y al arquitecto municipal , Luis Álvarez Aller, a un año y tres meses de prisión, inhabilitación por idéntico periodo y multa de 1.350 euros por un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con varios delitos de prevaricación urbanística.
La Sala, a la hora de fijar las penas, aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. Los tres acusados son absueltos del delito de tráfico de influencias por el que también fueron juzgados.
16 años después
La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial llega dieciséis años después de unos hechos que se remontan a 2003 y tras una instrucción plagada de vicisitudes procesales en la que llegaron a estar encausadas catorce personas, de las que finalmente, pese a llegar a compartir banquillo en una primera jornada celebrada el 18 de septiembre de 2018, tan solo quedaron cuatro al aplicar el tribunal la prescripción de delitos para el resto, informa Ep.
De estos cuatro, el que fuera jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico en el Ayuntamiento de Valladolid, José Luis Cerezo Bada, quedó fuera del proceso en la décima jornada del jucio que se desarrolló entre los pasados días 16 y 31 de octubre, al retirar la fiscal del caso los cargos contra él, mientras que la vista continuó contra los otros tres ahora absueltos, que, en palabras del exconcejal de Urbanismo, García de Coga, se consideraron «chivos expiatorios de un proceso eminentemente político».
La Fiscalía de Valladolid había pedido penas de tres años de cárcel, 25.200 euros de multa e inhabilitación por espacio de 37 años por un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro sobre el patrimonio histórico, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Por su parte, la acusación popular, ejercida por la Federación de vecinos «Antonio Machado' había solicitado la mayor de las penas, seis años y diez meses de prisión, para García de Coca, junto con 38 meses de multa y 17 de inhabilitación por un delito de falsedad en concurso con otro de tráfico de influencias y otro de prevaricación contra el patrimonio histórico.
Para Mezquita y Allegar, el acusador popular, también por falsedad en concurso con tráfico de influencias y dos delitos de prevaricación, uno de ellos urbanística, interesaba cuatro años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, 15 meses de multa y 14 de inhabilitación.
Las acusaciones particular y popular sostuvieron en el juicio que las modificaciones en el PGOU no eran meros «errores materiales sino de manipulaciones deliberadas» en favor de determinados promotores inmobiliarios, afirmación sostenida, según los acusadores, por lo acreditado en autos y por distintas sentencias en vía contencioso, una de ellas, de fecha 2 de febrero de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León posteriormente ratificada en 2014 por el Tribunal Supremo.
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