Cerca de mil viviendas han sido ocupadas en Castilla y León en los últimos cinco años
Esta práctica no paró en el confianamiento y en el primer semestre hasta 84 casas fueron tomadas aprovechando un menor control de sus propietarios
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«La mayoría no son grandes patrimonios, son personas que han ahorrado toda su vida para una segunda residencia para su jubilación o que han comprado una casa para sus hijos o ponen una vivienda en alquiler para llegar a fin de mes tras enviudar». Son las «víctimas» del fenómeno de la «okupación» que en los últimos cinco años ha afectado a cerca de un millar de viviendas en Castilla y León .
En 2018 un cambio normativo facilitaba los trámites para recuperar viviendas ocupadas por la vía civil, pero acortar plazos «con una situación legal algo mejor no es la solución», apunta Ángel Hernández Román, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca. De hecho, las estadísticas no muestran cambios favorables con la entrada en vigor de este nuevo marco. Desde entonces han ido, por el contrario, en aumento. Ese mismo año se incrementaron un 17 por ciento, y al siguiente subieron en un 14 hasta las 205 en 2019, de acuerdo con los datos de denuncias ante la Policía y la Guardia Civil facilitados por el Ministerio del Interior. Y no se prevé su cese hasta una legislación que «proteja a los propietarios», advierte este experto, ya que recuerda cómo en los últimos tiempos esta práctica ha llegado a profesionalizarse con mafias que cambian las cerraduras y entregan las llaves a inquilinos «expertos» .
Ni siquiera el confinamiento puso coto a este fenómeno . En el conjunto de España, los datos apuntan a que, de hecho, las ocupaciones de viviendas aumentaron. No es el caso de Castilla y León, donde en el primer semestre las cifras de denuncias son inferiores a las de 2019. Han pasado de 94 a 84. Lo que no quita a que «sí que ha habido casos».
Así y aunque en Castilla y León esta práctica no destacara tan acusadamente como en otros rincones del país, durante la cuarentena se aprovechó la ausencia y falta de control de los propietarios sobre sus viviendas para tomarlas. También consta algún supuesto en el que al estarse inclumpliendo las restricciones de movilidad se pudo frenar un intento.
Por provincias
La situación es dispar en términos provinciales. Destaca Valladolid, con la mitad de los caso s. Desde 2015 han sido 470 las denuncias presentadas por ocupación de viviendas. A gran distancia le siguen Burgos, con 117, y León y Salamanca, con 98. En Ávila, Segovia y Palencia rondan las cuarenta actas, en Zamora suman 24 y en Soría sólo constan cuatro. En total, son 941 las viviendas afectadas desde 2015 en los últimos cinco años y medio.
Las opciones de los «okupas» son variadas. Muchos optan por viviendas en zonas no muy habitadas, donde es «más sencillo», como urbanizaciones con segundas residencias. Pero no se libran los núcleos urbanos. Las mafias controlan viviendas que están en manos de los bancos, ya que en estos casos, el proceso judicial es aún más lento por tratarse de personas jurídicas o se guían por anuncios de pisos en venta. Incluso se toman nuevas promociones cuyas llaves aún no han sido entregadas, con casos en los que los nuevos inquilinos montan su propio sistema eléctrico conectándose ilegalmente a la red, como ha ocurrido este año en León, recuerda Hernández.
El perfil del «okupa» ha cambiado con el paso del tiempo. Desde personas vulnerables que recurrían a instalarse ilegalmente en una vivienda como último recurso, que todavía las hay, a quienes toman esta vía como forma de vida. Si hubiera un «registro de morosos» de alquileres estarían identificados muchos de ellos, señala. «Son amigos de lo ajeno», que además saben cómo dilatar el proceso judicial , con fórmulas que pueden eternizar los procedimientos, argumenta sin querer precisar cuáles para no dar ideas. El cambio de 2018 apuntaba a poder acortar a un mes la recuperación de la vivienda, pero suele alargarse cinco y hay casos que, incluso, se arrastran durante dos o tres años.
Cuando consiguen recuperar las viviendas, los propietarios generalmente tienen que recurrir a una intensa reforma para devolver su casa a su estado original tras los daños ocasionados, que a veces se extienden a espacios comunes en comunidades de vecinos. Y es que según explica Hernández, en casos en los que se trata de pisos de bancos, la víctimas» son los vecinos. Muchos de estos «okupas» «no respetan» las normas de convivencia y generan desperfectos que tienen que subsanar con su dinero el resto de propietarios, explica.
Iniciativa política
Desde el Colegio de Administradores de Fincas no esperan que esto cambie a corto plazo si no existe un camino normativo que «proteja» al propietario y facilite la «rápida» recuperación de su casa. «Se precisa de una solución efectiva». De momento, a nivel nacional, PP, Cs y Vox han reclamado el endurecimiento de las penas y facilitar la expulsión inmediata. En Castilla y León, la semana pasada las Cortes dieron luez verde a una PNL a propuesta de Ciudadanos para instar a la Junta a «luchar contra la ocupación ilegal de viviendas· y reclamar al Gobierno que mejorela regulación jurídica de protección de los propietarios.
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