Castilla y León solicita al Ministerio que modifique el Bono Joven para «dar seguridad» a solicitantes y comunidades

Castilla y León, así como Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia, ha solicitado al Gobierno que modifique la normativa del Bono Joven para dar seguridad a los que quieran acceder a esta ayuda, así como a las propias comunidades autónomas. Los representantes autonómicos, entre ellos el consejero de Castilla y León, Suárez-Quiñones, lo han expuesto durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo convocada por el Ministerio de Transportes.

Los responsables de vivienda de estas comunidades han requerido al Ministerio que concrete la definición de esta medida para «evitar su maraña burocrática» en aspectos como las rentas de alquiler , las rentas máximas de los solicitantes y los documentos que acrediten la residencia en la vivienda o habitación.

Los consejeros autonómicos ha considerado «improvisada y enrevesada» la puesta en marcha del Bono Joven por parte del Gobierno central, según recoge Ical, y han lamentado que no haya contado con la opinión de las comunidades autónomas, ni tampoco con el Consejo de Juventud, antes de aprobar esta medida.

Según se ha comunicado desde la Junta, tal y como está diseñado, va a ser demasiado complejo y han advertido que los fondos estatales llegarán tarde y serán difíciles de gestionar por las administraciones autonómicas debido al «galimatías administrativo» que se traslada a las comunidades y, lo que es peor, a los ciudadanos.

Los representantes de estas cinco autonomías también han solicitado al Gobierno el desarrollo de una herramienta informática de gestión que permita a todas las administraciones autonómicas el traspaso de datos en caso de movimientos a otras autonomías por parte de los solicitantes. Además, entendieron que la posibilidad de pagar mensualmente o periódicamente va a hacer inasumible la gestión de estas ayudas.

Los representantes autonómicos han reprochado la falta de asunción por el Gobierno de las sugerencias planteadas por las autonomías durante la elaboración del nuevo Plan de Vivienda 2022-2025, cuyo resultado calificaron de «ideológico» y que «únicamente satisface a sus socios de coalición, empeñados en reeditar un modelo intervencionista que no ha funcionado en ninguna parte donde se ha aplicado».

A pesar de ser cofinanciado, el Plan impone que un 20 por ciento de la financiación esté destinada a programas específicos que en su mayoría ya existen en las comunidades autónomas, como puede ser el de la Sareb, han concluido.