Castilla y León pide a los jueces limitar las reuniones nocturnas a seis personas para evitar botellones
El vicepresidente de la Junta aclara que no entrará en vigor sin la autorización del alto tribunal de justicia autonómico
El vicepresidente de Castilla y León y portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta ha acordado solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) una limitación en el derecho de reunión de 1 a 6 de la madruada de un máximo de seis personas con el fin de «no desplazar las actividades de la hostelería a los domicilios».
A preguntas de los periodistas, Igea ha aclarado que la medida, con la que se trata de evitar el aumento de la incidencia a través de reuniones en casas o en botellones, una vez cerrados los bares, no entrará en vigor sin la aprobación de los jueces, si bien ha añadido que han visto que otros tribunales han autorizado está «regulación mínima».
En tal sentido, ha argumentado que no se trata de un toque de queda dado que no se limita la movilidad absoluta de las personas, sino su número en reuniones a una determinada hora, como en este caso de madrugada. «Es posible, a la vista de lo que han hecho otros tribunales», ha precisado en declaraciones recogidas por Ical.
No obstante, también ha especificado que el acuerdo adoptado hoy no se ha remitido aún al Tribunal Superior de Justicia, por lo que ha apuntado a la próxima semana para contar con una resolución, que, en caso de ser favorable, entraría en vigor.
A esta decisión se suma también el acuerdo alcanzado también en el marco del Consejo de Gobierno de disminuir a nivel 3 la alerta en todo el territorio de la Comunidad tras la mejora de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid. Asimismo, también procederá a modificar el acuerdo del semáforo de restricciones, lo que implicará que se permitirá la ampliación del horario de las terrazas de bares y restaurantes hasta la 1 de la madrugada y también un alivio en las restricciones impuestas a los establecimientos de turismo rural, cuyo aforo se ampliará hasta diez inquilinos (una opción en principio prevista para el nivel 2 de alerta) y un máximo de dos unidades de convivencia.
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