Castilla y León permitirá la caza excepcional del lobo cuando haya «una mínima seguridad jurídica»

«Cantabria ha lanzado una disposición para controlar ejemplares de lobo y nosotros, prudentemente, tendremos que hacer lo mismo con los informes jurídicos de la Junta de Castilla y León, para lo que estamos buscando el respaldo jurídico». Con estas palabras, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha advertido que la Comunidad autónoma seguirá los pasos de la cántabra y «permitirá su caza excepcional en cuanto se encuentre una mínima seguridad jurídica» .

El titular de Medio Ambiente ha recordado que Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria están «coordinados» en relación al lobo, ya que hicieron «un frente común muy intenso» tras su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) que le convierte en no cinegético debido a que «la cerrazón política e ideológica del Gobierno ha primado más que el interés general y la ganadería».

Así, la orden mediante la que se dictó esta inclusión «impone condiciones» que, según Suárez-Quiñones, «son imposibles de cumplir», al tiempo que iguala el régimen del lobo al norte y al sur del Duero, lo que «estropea los dos». Por eso mismo ha afirmado que los servicios jurídicos se encuentran en estos momentos buscando el respaldo jurídico que permita su caza , porque «por encima de todo están los intereses de los ganadero y el medio rural».

El consejero se ha mostrado convencido de que, en el caso de que la situación no cambie, «va a desaparecer la ganadería extensiva y semiextensiva», porque «no pueden vivir sin un mecanismo que les proteja ante los ataques del lobo».

Respecto al pago de indemnizaciones a los ganaderos por los ataques del lobo, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha explicado que su inclusión en el Lespre ha provocado que las Comunidades Autónomas no puedan compensarles por los daños cinegéticos en las reservas regionales de caza.

Por este motivo, mientras que algunos pagos atrasados previos a la orden ministerial «saldrán adelante en las próximas semanas», los nuevos daños «están sin soporte jurídico», a pesar de que «el Gobierno editó la orden ministerial con un impacto económico cero». Sin embargo, los 20 millones de euros comprometidos de forma posterior para medidas preventivas e indemnizaciones y daños compensatorios, «todavía no se han repartido ni entregado a las comunidades autónomas» en una «falta total de compromiso con la ganadería».