Castilla y León se mantiene en el ‘punto de mira’ político nacional

Las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero colocaron a Castilla y León en el ‘top ten’ de lo más visto, leído y oído y le dieron una visibilidad nacional que pocas veces ha tenido. Tras varios meses en los que la ‘presión’ ha bajado relativamente, los comicios andaluces y el triunfo por mayoría absoluta del popular Juanma Moreno han vuelto a poner el foco en estas tierras.

Cuando las urnas hablaron dejaron el mandato de buscar acuerdos para conformar gobierno. Así se hizo, de forma que PP y Vox gobiernan desde abril en coalición, lo que supone que los de Abascal integran por primera vez un Ejecutivo autonómico. Esta formación quiso ver en Castilla y León una especie de ‘banco de pruebas’ para su desembarco en Andalucía con un mismo modelo. Pero el resultado de Moreno, con una abrumadora mayoría, ha supuesto un auténtico frenazo para la formación verde que, de esta forma, se queda con la comunidad castellano y leonesa como la única en la que pueden enarbolar sus políticas y, especialmente, su ideología.

Las miradas vuelven a dirigirse a esta región, pendientes del recorrido de un acuerdo de gobierno que los dos socios siguen ‘sin consumar’ y que en las dos últimas semanas ha dejado al descubierto lo mucho que les separa. «Somos dos partidos distintos y no vamos a dejar de serlo», dijo el pasado jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Sin embargo, se evidencian dos formas diferentes de gestionar y de hacer política en la que parece que cada formación sigue su propio rumbo.

Castilla y León es, de esta forma, la excepción, con un PP en el que su presidente Alberto Núñez Feijóo no ha ocultado nunca que pactar con los de Abascal no es su opción preferida, sino todo lo contrario. Así que con el fenómeno Vox frenado, se vuelve a escuchar el ‘soniquete’ de un nuevo adelanto electoral para hacerlo coincidir con las elecciones municipales de mayo de 2023, aunque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, deberá encontrar un buen relato que argumente una nueva cita con las urnas.

Otra posibilidad de futuro pasaría por romper el pacto y que el PP gobierne en minoría con el apoyo de los locales (UPL, con tres escaños; Soria ¡Ya!, con otros tres y Por Ávila, con uno), dando por hecho que Vox no votaría con el PSOE a favor de una moción de censura. En lo que coinciden muchas voces entre los populares es en que, de la mano de los de Abascal, es muy difícil llevar a término la legislatura.

Lo cierto es que las elecciones andaluzas han propiciado situaciones que evidencian la distancia entre las dos formaciones. La presentación (en plena campaña electoral) del plan de recortes a patronal y sindicatos por parte del vicepresidente Juan García-Gallardo, casi a la misma hora que Mañueco cerraba en Madrid con la ministra del ramo el acuerdo para salvar Siro es más que elocuente. Como también lo es la imagen de los miembros de Vox en la Junta -sin presencia de los del PP- guardando un minuto de silencio por el hombre que murió en León apuñalado a manos de su pareja. Una estampa que tiene que ver con la negativa de los de Abascal a reconocer el concepto de violencia de género y, en cambio, apostar por la violencia intrafamiliar. Y por si fuera poco, la semana que hoy comienza también se prevé intensa. El miércoles el presidente de la Junta ha convocado al Diálogo Social. En principio, para avanzar en acuerdos, pero, en realidad, servirá para analizar hasta dónde está dispuesto a llegar tras el anuncio de García-Gallardo de recortar las subvenciones a los agentes sociales. Al menos el pasado jueves el vicepresidente ‘templó’ las críticas hacia patronal y sindicatos (nada que ver esa moderación con el resultado de Andalucía, según dijo), aunque no su deseo de que las ayudas se desvinculen del Diálogo Social, que dijo apoyar.

Un segundo asunto, también de los que alteran, y mucho, a los populares, agitará el panorama político. Si se cumple el acuerdo firmado en abril, antes del jueves deberá estar iniciada la tramitación de una nueva normativa en materia de concordia que sustituiría al Decreto de Memoria Histórica para, según el pacto de legislatura, «reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrado para la reconciliación». Esta propuesta desencadenó la dimisión del presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica, Ángel Hernández , el exsecretario autonómico de CCOO, a quien Gallardo acusó la pasada semana de hacer un uso partidista de este órgano. Y es que las declaraciones del vicepresidente no ayudan demasiado a lograr la concordia con sus socios. Como ejemplo, su afirmación el pasado sábado en Zamora de que la despoblación esta vinculada con la «hipersexualidad de la sociedad».