Castilla y León estudia implantar desde hoy su toque de queda
Plantea que se restrinja la actividad desde las 21 ó 22 horas para frenar los contagios de Covid-19
El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tacha de «indignante y tomadura de pelo» que el Ejecutivo central aplazase la medida
Sigue la comparecencia de Pedro Sánchez en directo
La Junta de Castilla y León estudia este viernes fórmulas jurídicas para decretar, de forma unilateral, el toque de queda en Castilla y León ante la «irresponsabilidad» del Gobierno de Sánchez que decidió aplazar la decisión sobre esta medida. Así lo anunció el jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que en declaraciones a CyLTV calificó de «inaceptable e indignante» y de «tomadura de pelo» que en el Consejo Interterritorial de Salud , que ayer reunió al Ministerio con las comunidades, no se acordase establecer el toque de queda, como han pedido algunas autonomías y, sobre todo, Castilla y León.
Igea, visiblemente enfadado, consideró «irresponsable» lo ocurrido y advirtió de que «no vamos a dejar de ejercer nuestra responsabilidad si el Gobierno sigue jugando, porque hay vidas en juego» . Criticó, además, que «después de ocho meses el Ejecutivo de Sánchez aún no lo tenga claro, cuando estamos en alerta máxima y en dos semanas vamos a tener a la gente en los pasillos si no tornamos medidas». «Es el presidente, tiene que asumir responsabilidades y tomar decisiones», apostilló.
Y por eso, anunció que a la mayor brevedad posible en Castilla y León se tomarán medidas «con la suficiente contundencia» , entre ellas el toque de queda que deberá contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y, para ello, los servicios jurídicos tratan de buscar el encaje adecuado. En este sentido, anunció que esta limitación comenzará a las nueve o diez de la noche con el objetivo de evitar el contacto social y las reuniones nocturnas.
También la consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró que «intensificará y endurecerá las medidas para reducir los efectos de la pandemia ante la confirmación de que la Comunidad se encuentra, de nuevo, en el nivel de transmisión comunitaria». Lo aseguró tras finalizar la Interterritorial en la que se aprobó el documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión». Este endurecimiento de las medidas se propone «ante la posibilidad cierta de que la situación empeore en las próximas semanas», lo que supondrá el aumento de los ingresos hospitalarios y de las consultas en los centros de salud, con el consiguiente riesgo de que el sistema pueda colapsar. Por ello, la consejera de Sanidad insistió en que «hay que tomar decisiones urgentes tanto en el ámbito sanitario -reorganización y refuerzo- como en el no sanitario». Lo cierto es que estas actuaciones no tienen un soporte legal y son las comunidades las que tienen que ponerlas en marcha con todas las dudas jurídicas que levantan, como así lo advirtió Igea.
El toque de queda era la principal reivindicación que llevaba Castilla y León al encuentro , en el que no se tomó una decisión a la espera de un informe jurídico, lo que llevó a Casado a reclamar que «se defina cuanto antes». Una medida que la Junta llevaba días reclamando, ayer con especial urgencia. Es más, a la vista de la evolución de la pandemia, con todas las provincias en «riesgo extremo» y con los contagios en continuo crecimiento, el propio presidente de la Junta remitió una carta a Pedro Sánchez para exigirle una decisión que reconoció «dura» pero «imprescindible» en el momento actual. En la misiva, Mañueco aseguraba que la evolución epidemiológica en Castilla y León en esta segunda ola es «preocupante» y que las medidas preventivas puestas en marcha hasta el momento son ya «insuficientes» para revertir la tendencia.
Al término del Consejo de Gobierno, Igea recurrió a las palabras más gruesas y en un tono apocalíptico señaló que «no tomar esa medida sería una irresponsabilidad; las decisiones equivocadas llevan la muerte a los demás» . Unas apreciaciones que hoy podrá trasladar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que tiene previsto desplazarse a Castilla y León.
Semáforo de riesgos
La consejera de Sanidad al menos sí consiguió ayer salir del Consejo Interterritorial con el documento conocido como «semáforo de riesgos» que «llevo 22 días esperando», confesó, y que establece cuatro niveles diferentes, según los cuales Castilla y León se encontraría en el peor, al superar los niveles extremos en los cuatro indicadores . Así, cuenta con una incidencia acumulada a los 14 días de 518 casos por cada 100.000 habitantes y a los siete, de 273; el 18 por ciento de las pruebas PCR tienen resultado positivo, y la ocupación en enfermos Covid en planta es del 19 por ciento y del 35 en la UCI. El documento también recoge otro de los aspectos reclamados por Verónica Casado como es el establecer criterios para los municipios inferiores a 5.000 habitantes. En este punto, se señala que más que establecer niveles de riesgo, «se deben adoptar medidas muy adaptadas y dirigidas a las características de la situación epidemiológica y de riesgo en cada territorio».
Así, se tendrán en cuenta el número, la tendencia y la velocidad de cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días; la proporción de casos nuevos asociados a brotes; la tasa de ataque secundaria y la existencia de puntos calientes.
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