Castilla y León denuncia que el reparto del fondo extraordinario «castiga» a las más afectadas por el Covid

Con los nuevos criterios del Gobierno, el reparto del Fondo Extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros «es injusto» y «castiga» a las comunidades más afectadas por la pandemía. Así lo ha señalado este domingo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras la conferencia de presidentes en la que ha defendido que se atienda a criterios como la incidencia del virus en su población , el envejecimiento y la dispersión territorial. Según ha señalado, «nadie entiende los recortes de 2.000 millones anunciados en sanidad y servicios sociales» y ha concluido que este «cambio» ha dejado «en fuera de juego» a varios comunidades, «especialmente a Castilla y León».

Fernández Mañueco ha lamentado que con los nuevos criterios el fondo no se destine íntegramente a los gastos extraordinarios motivados por la incidencia de la pandemía en la sanidad y los servicios sociales y ha censurado que se recorten 2.000 millones a ambas áreas. El presidente ha asegurado que de los 650 millones que espera contar Castilla y León se pueden recortar en unos 125 millones .

En tal sentido, ha defendido que se mantengan los 11.000 millones previstos para sanidad y servicios sociales y ha anunciado que se dará «batalla» con otras comunidades que tampoco comparten los criterios, si bien ha observado escaso margen porque el debate irá al Congreso sin pasar antes por el Consejo de Política Fiscal y financiera .

En el apartado económico, ha exigido que los ERTE se prorroguen más allá del 30 de junio , que se flexibilicen los criterios de déficit y de deuda para que sea superior al 0,2 por ciento de endeudamiento previsto para realizar una política expansiva en la recuperación económica y que el Gobierno acuda al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad).

Igualmente, ha llevado de nuevo a la reunión las reivindicaciones de una mesa por la automoción, la gestión por la Junta del Ingreso Mínimo Vital , la defensa de la PAC en la negociación con Europa, el apoyo a la industria agroalimentaria y medidas para sectores como la hostelería y el comercio.