Carriedo rechaza que «se excluya a los padres de una menor» de la decisión de abortar

«Los padres no tienen que ser excluidos de esa decisión». Son palabras del portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al referirse a la reforma de la Ley del Aborto aprobada el martes por el Ejecutivo, según la cual las menores de 16 años no necesitan el permiso de sus progenitores para abortar. «Es bueno que los padres tengan información sobre una decisión de su hija, que la puedan acompañar y estar a su lado», sentenció, al tiempo que lamentó que «el Gobierno no ha tenido la reflexión suficiente porque hay cosas que requieren sosiego y análisis».

Antes de estas valoraciones, Carriedo evitó una y otra vez pronunciarse sobre los aspectos de fondo ya conocidos de la reforma al argumentar que el Ejecutivo de Sánchez «utiliza materias muy sensibles para ocultar su incapacidad para gobernar». Son, a su juicio, «cortinas de humo» que buscan «que la sociedad no hable de lo que de verdad interesa, como las dificultades para llegar a fin de mes» . Añadió, además, que hubiera sido preferible buscar los máximos consensos y esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse sobe la Ley en vigor para contar, de esta forma, con «todas las garantías constitucionales». No se pronunció, en cambio, sobre el tuit del vicepresidente de la Junta , Juan García-Gallardo (Vox) que, tras aprobarse la reforma, señaló que el Gobierno de España tendría a la Junta «enfrente». Carriedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno, se limitó a señalar que no le correspondía a él «autorizar o desautorizar» a miembros del Ejecutivo autonómico y, en cualquier caso, matizó, que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. Aclaró, no obstante, que «cuando se apruebe la ley se cumplirá «en su integridad , como hemos hecho con la actual».

En este sentido, ante el hecho de que los abortos se practiquen fundamentalmente en clínicas privadas al no haber médicos en la sanidad pública que lo quieran hacer, manifestó que «nuestra obligación es garantizar la objeción de conciencia que recoge la propia Ley». «Tiene que ser compatible con el derecho de la mujer, así que en los centros públicos donde se puede, se hace y, si no, se buscan conciertos con las clínicas privadas», añadió.

Finalmente, sobre el reconocimiento de las bajas por menstruaciones dolorosas, con cargo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el portavoz de la Junta aseguró que cualquier mujer que no puede acudir al trabajo por este motivo ya tiene la posibilidad de pedir una incapacidad temporal . Por ello, a la espera de conocer «el detalle de la norma» y ver «en qué medida se introduce esa supuesta novedad», lamentó que se haya abierto un debate sobre algo de lo que ya se ocupa actualmente el sistema sanitario.