Carriedo pide «generosidad» a patronal y sindicatos para «entender» el recorte de las subvenciones

«Lo que más profundiza en el diálogo social es alcanzar acuerdos que sean importantes para los ciudadanos, por lo que la voluntad de intentar alcanzarlos en el ámbito social, económico y laboral sigue vigente por parte de la Administración autonómica, pero hay que distinguir entre la necesidad de que los recursos se puedan concentrar donde son imprescindibles y la voluntad que tenemos de intentar llegar a acuerdos en el ámbito del diálogo social».

Así se ha manifestado en León el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, al ser preguntado por el anuncio del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de la reducción de 20,3 millones de euros de las subvenciones a patronal y sindicatos .

El c onsejero de Economía y Hacienda puso de relieve que «hacer frente a algunos gastos sociales que son más importantes» tiene que ser «un objetivo de todas las administraciones públicas» y, de manera especial, «especialmente en una época de crisis como la que actual», que requiere de «ir aquilatando en aquellos gastos que no comprometan el servicio directo de la prestación de los servicios públicos».

Carlos Fernández Carriedo ha reclamado, en declaraciones recogidas por Ical, «la generosidad de todos los actores y participantes» para «entender que el mayor esfuerzo del gasto público tiene que ser dirigido a los servicios públicos sociales y la cohesión social y al ámbito del desarrollo económico», que es donde ha asegurado que «hay que hacer el esfuerzo por no hacer recortes».

El titular de Economía ha puntualizado que esta decisión «no debe entenderse» como «un riesgo o poner en entredicho la capacidad o la voluntad de alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social», ya que ha afirmado que «siguen siendo imprescindibles para Castilla y León».

De igual forma, ha insistido en la importancia de «establecer la diferencia entre la necesidad de aquilatar los recursos y concentrar fondos donde los ciudadanos los consideran más imprescindibles y el hecho de intentar llegar a acuerdos con los representantes legítimos de trabajadores y empresas».