33 aniversario del Estatuto de Autonomía
En busca de la regeneración
La norma básica de Castilla y León celebra su cumpleaños inmersa en su cuarta reforma
En la camilla del preoperatorio, con diagnóstico, pero aún sin cita concreta para la intervención ni saber cómo será la operación de las partes del cuerpo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que hay «retocar» para adaptarlo a la imagen demandada por la sociedad en estos momentos. Así celebrará el jueves, día 25, la norma básica de la Comunidad sus 33 años de vida: con la certeza de que para seguir envejeciendo y cumpliendo años debe someterse a su cuarto «lifting» de rejuvenecimiento. Regeneración democrática, avances sociales y municipalismo son los tres «miembros» del cuerpo del Estatuto que se van a tocar.
Los trabajos ya han comenzado, aunque desde los grupos políticos que se sientan en las Cortes se asume que irán «para largo» . Si normalmente llevar a cabo la reforma de una norma de este calado requiere tiempo -en la última, aprobada a finales de 2007, se invirtieron más de dos años-, la fragmentación parlamentaria tanto regional como nacional, unida a la incertidumbre sobre el futuro Gobierno de la Nación lo complican aún más. Y es que primero se requiere la aprobación por el Parlamento de Castilla y León con mayoría de dos tercios -con el voto favorable de, al menos, 56 de los 84 procuradores-, lo que obliga al entendimiento de varias fuerzas, pues ni el PP en solitario puede (42 escaños) ni le es suficiente con el apoyo de Ciudadanos (5), lo que obligaría al menos a reeditar el entendimiento de anteriores ocasiones con el PSOE (25).
Pero no acaba ahí la tramitación. Luego requiere el v isto bueno de las Cortes Generales , con la aprobación tanto en el Congreso como en el Senado, y la mayor pluralidad de ambos hemiciclos también obliga a afinar más las negociaciones . Si olvidar el hecho de que está sobre la mesa la posible reforma de la Constitución Española, lo que obligaría a paralizar cualquier otra ley que se vea afectada por la Carta Magna.
Pendientes de esa cita para la intervención, en Castilla y León los trabajos avanzan, con la fecha del 4 de marzo como tope para que cada grupo lleve sus propuestas para la reforma. Y no parten de un folio en blanco, sino que tienen ya sobre la mesa un texto elaborado por la Junta de Castilla y León. La Consejería de la Presidencia lo ha confeccionando, siguiendo el acuerdo rubricado en julio de 2015 entre la Junta y los principales grupos (Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos) para abordar cuestiones de Comunidad entre las que se encuentra cambiar un Estatuto.
Dar un nuevo aire a este texto fue también uno de los compromisos del presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera , en su discurso de investidura y algunos de los puntos a tratar forman parte del acuerdo con Ciudadanos que permitió al popular seguir al frente del Ejecutivo castellano y leonés tras perder en mayo la mayoría absoluta.
Los grupos
Tras ese primer diagnóstico y tratamiento a aplicar recetado por la Junta, ahora los grupos, deben ser los cirujanos que valoren y formulen una segunda opinión con la intervención a realizar. Desde la oposición tienen claro que quieren ir más allá de lo avanzado por el Ejecutivo regional.
Esa propuesta de modificación se divide en tres bloques: regeneración democrática, avances sociales y municipalismo . Con la desconfianza y descrédito de los políticos por parte de la sociedad al alza, el primero trata de avanzar en dar respuesta a esas demandas que eliminen ciertos privilegios y eviten la perpetuidad en los cargos. Así, plantea un límite de dos mandatos para el presidente de la Junta y de las Cortes , los mismos que para los máximos responsables de los consejeros Consultivo, de Cuentas y Económico y Social y el Procurador del Común, o que una misma persona ocupe una consejería. El fin del aforamiento de los políticos , la obligatoriedad de debates en las campaña o la incompatibilidad de alcalde o concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes y procurador son otros de los puntos que se abordan. Además, en este apartado, el texto propuesto por la Junta también pretende dar más participación a los ciudadanos , de modo que no sólo tienen derecho a presentar iniciativas legislativas, sino que plantea que ellos mismos las puedan defender en las Cortes. Se habla de la actuación «íntegra, objetiva, transparencia, responsable y austera al servicio del interés general».
En el capítulo de avances sociales, formula propuestas como blindar la Red de Protección a las personas vulnerables o dedicar al menos el 80% del gasto no financiero de las consejerías a gastos sociales. El último, el relativo al municipalismo, el más amplio, aborda cuestiones diversas como las mancomunidades, la comarca, la ordenación del territorio o las relaciones de la Comunidad con los entes locales.
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