«El PP no va a naturalizar los indultos, eso solo le parece natural a un Gobierno indecente»

La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Burgos, Cristina Ayala, ha afirmado este martes durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta que desde el PP «no vamos a naturalizar los indultos a los golpistas, eso solo le puede parecer natural a un Gobierno indecente», al tiempo que ha recordado que «esos señores están en la cárcel porque utilizaron su posición política para dar un golpe de Estado».

Con esta rotundidad se pronunció ayer la senadora Ayala en el Pleno del Senado, donde preguntó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, si el Gobierno tiene previsto indultar a los políticos que están presos por vulnerar la ley en Cataluña . «Le queremos dar la ocasión de que nos diga a los 266 senadores de esta Cámara, mirándonos a los ojos y sin que se le caiga la cara de vergüenza, eso de que tenemos que naturalizar indultar a los golpistas», le dijo la senadora popular a Campo.

Además, denunció que «ustedes pretenden correr un tupido velo sobre los hechos que ocurrieron hace tres años y medio, con el único propósito de seguir en el Gobierno», tras lo que resaltó que «los políticos presos “engañaron a los catalanes en un proceso que ha hundido Cataluña política, cívica y económicamente».

Ayala también le dijo a Campo que, en los informes que han pedido para el indulto, les dicen cosas como que «la concesión del indulto a estos presos supondría una lesión intensa a la convivencia democrática y al orden constitucional y perjudicaría a todos los españoles». «La semana pasada el Gobierno ha salido en tromba a defender la integridad territorial de nuestro país frente a Marruecos. ¿Van a defender nuestra integridad territorial frente a Marruecos y no la van a defender frente a los golpistas españoles?», tras lo que reprochó al ministro que «con Marruecos no se juegan los apoyos parlamentarios para estar en el Gobierno».

Durante su intervención en la sesión de control, Ayala le recordó al ministro Campo que entre 2015 y 2017 los políticos presos «fueron recibiendo varias notificaciones del TSJ de Cataluña y del Tribunal Constitucional, advirtiéndoles de la ilegalidad de lo que estaban haciendo, mientras ellos alardeaban de que las incumplirían».