El TC avala la última modificación de la Ley de Caza y rechaza el recurso del Defensor del Pueblo

El Tribunal Constitucional (TC) avala la última modificación de la Ley de Caza de Castilla y León , efectuada en marzo de 2019 y que fue recurrida por el Defensor del Pueblo. En su sentencia del 22 de octubre reconoce su constitucionalidad en un proceso en el que además de la Junta, a través de sus servicios jurídicos, también estaban personadas las Cortes.

Recoge expresamente el Alto Tribunal, reproduciendo la exposición de motivos de la norma, que en Castilla y León más del 88 por ciento de su superficie son terrenos cinegéticos, y que la mayor parte de los mismos, en torno a 78.000 kilómetros cuadrados, están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza.

Asimismo, señala que la actividad cinegética se ha demostrado en los últimos años como la herramienta de gestión y control más eficaz de las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o conejos, que permite reducir los daños ocasionados por esta fauna silvestre sobre los cultivos, la ganadería, los accidentes de tráfico, y evitar posibles epizootias y zoonosis; y destaca que las zonas rurales de Castilla y León, especialmente las menos industrializadas o pobladas, son las más vinculadas a la actividad económica derivada de la caza, hasta el punto de que los ingresos obtenidos de la misma constituyen su principal fuente de riqueza, y contribuyen, por tanto, a evitar la despoblación del medio rural.

Según indicó la Junta, de acuerdo a lo expuesto por los servicios jurídicos de la Comunidad, el Tribunal reconoce que Castilla y León tiene competencia exclusiva en materia de caza y explotaciones cinegéticas , respetando siempre la competencia transversal del Estado sobre la protección del medio ambiente, que viene dada por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007, como manifestación de interés general y público en la preservación de la riqueza biológica, que es escasa y fácilmente extinguible.