El juicio por las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia sigue adelante
Los magistrados desestiman las cuestiones previas y tienen claro que la Fundación Caja Segovia tiene una posición «legítima» para ejercer la acusación particular
El juicio por las prejubilaciones de Caja Segovia seguirá adelante. Lo hará, como estaba previsto, a inicios del mes de febrero después de que la Audiencia Provincial de Segovia haya desestimado las cuestiones previas formuladas al inicio de la vista oral la semana pasada por las defensas de los acusados, seis exdirectivos de la entidad y otros cinco a título lucrativo que volverán a sentarse en el banquillo para reanudar la sesión.
El principal escollo que plantearon las defensas de los acusados fue que no consideraban a la Fundación Caja Segovia como perjudicada por los delitos patrimoniales y socioeconómicos que se les imputan a los acusados y no se le podía tener en cuenta como acusación particular en cuanto a que no había sumido «obligación alguna derivada de las prejubilaciones», ya que se habían derivado los activos y pasivos de la entidad al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en el marco del proceso de integración en Bankia. No obstante, la Sala ha considerado legitima su personación porque es «directamente la ofendida y perjudicada» del caso.
El auto de la Audiencia Provincial argumenta que Caja Segovia trasmitió en bloque a BFA la totalidad de su patrimonio empresarial, pero sin que Caja Segovia se extinguiera entonces, quedando la personalidad «matriz», en la parte no segregada, los activos y pasivos de la obra social, aquéllos que por restricciones no podían ser traspasados y la marca. De ahí, «que conserve su NIF pues mantiene su personalidad jurídica primigenia». Posteriormente, quedó transformada, por imperativo legal, en Fundación Caja Segovia y «resultaba ser la parte ofendida por cuanto Caja Segovia era la titular del capital que, según las acusaciones, se dispuso de forma indebida para las prejubilaciones; y también quien directamente resultó perjudicada de la dotación de las pólizas a tal efecto».
De tres a nueve años
Al expresidente Atilano Soto; el exvicepresidente Manuel Agudíez; la exvicepresidenta segunda Elena García Gil; el exdirector general Manuel Escribano; el exsecretario general Antonio Tapias, y el exresponsable de Recursos Humanos Enrique Quintanilla se les acusa de apropiación indebida y administración desleal. Los seis exdirectivos se enfrentan a peticiones de penas de entre tres y nueve años y la restitución de las cantidades percibidas.
