La Audiencia ratifica la imputación de De la Riva por las «comfort letter»

El exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva se sentará en el banquillo de los acusados por prevaricación por las polémicas «comfort letter» . Lo compartirá con dos ex ediles de su equipo de gobierno, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco -todavía concejal popular en la oposición-, una vez la Audiencia Provincial de Valladolid ha ratificado la imputación de los tres por los avales que firmó el ex regidor y que comprometieron 100 millones de euros de las arcas municipales si la Sociedad Alta Velocidad -también participada por la Junta, Adif y Fomento- incumplía el préstamo bancario de la operación del soterramiento en la ciudad.

Así, la Sección Cuarta de Audiencia ha rechazado los recursos presentados contra el auto de imputación , de manera que el proceso sigue adelante con los tres en la diana por esas «comfort letter» suscritas por De la Riva en 2008, 2010 y 2011 de las que presuntamente no se informó debidamente, no siguieron el procedimiento administrativo, ni recibieron las correspondientes informes y autorizaciones.

De la Riva deberá de responder ante tres delitos de prevaricación administrativa y otros tres de falsedad documental . Por ellos, la Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión, 27 de inhabilitación para el cargo de concejal, una multa de 7.200 euros, y la responsabilidad personal subsidiaria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid , que es acusación popular e impulsor de esta causa -se inicio tras la denuncia del consistorio en el año 2015-, reclama una condena menor para De la Riva que la del Ministerio Público. Pide tres años de cárcel para el ex alcalde y otros nueve de inhabilitación también por delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

En lo que respecta a Sánchez y Blanco , concejales entonces de Infraestructuras y Hacienda, respectivamente, la Fiscalía pide 24 años de inhabilitación especial para el cargo de concejal por los tres delitos de prevaricación administrativa que se les atribuye . El Ayuntamiento, por su parte, rebaja esa pena a siete años como autores de un presunto delito de prevaricación pasiva o por omisión. Cabe recordar que inicialmente se había eximido a ambos al no estar suficientemente justificada su participación.