La atención a víctimas de agresiones sexuales llegará hasta la sentencia

El resultado es el «Proceso de atención integrada ante las agresiones sexuales» que, según detalló Elvira Callejo, directora técnica de Planificación, Atención Primaria y Derechos de los Usuarios de Sacyl, nace «de las necesidades que las propias asociaciones de mujeres han detectado en la atención a las víctimas». De hecho, son esos vacíos los que se han tratado de cubrir movilizando a todo un equipo multidisciplinar que incluye no sólo a los profesionales sanitarios sino también a los servicios sociales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la judicatura.

Se trata, en definitiva, de que la atención inicial que recibe la agredida continúe durante el proceso judicial, hasta la sentencia e, incluso, más allá si fuera necesario, mediante el oportuno acompañamiento psicológico. De esta forma, el proceso recoge las diferentes fases de actuación con la víctima en las que se detalla el procedimiento para cada momento, desde la acogida inicial al traslado a las urgencias hospitalarias, pasando por la atención sanitaria y acabando por el seguimiento social y jurídico. Formación de profesionales

El siguiente paso, según detalló Callejo, es iniciar el proceso de formación de todos los profesionales involucrados , si bien, debido a la pandemia, se realizarán en formato online. Se espera que esté concluido en el primer trimestre del próximo año para que, a partir de ese momento, se pueda comenzar a aplicar el proceso.

Según el citado documento, la atención integral a las víctimas de agresión sexual debe darse de diferentes tipos: asistencia biomédica precoz y con el seguimiento adecuado; psicológica, con la garantía de acompañamiento hasta la sentencia judicial si la mujer lo precisa; asesoría jurídica desde el momento de poner la denuncia y durante el proceso judicial; apoyo social si precisa, y, por último, la necesaria coordinación real entre todos los niveles.

Uno de los aspectos más importantes es que se recogen aquellas mejoras que se deben introducir en la asistencia actual que se presta a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Así, se incide en la necesidad de mejorar la acogida de la mujer en todos los niveles asistenciales, en prestar especial atención a mujeres de colectivos vulnerables y en disminuir la variabilidad en la atención en los distintos centros: exploración conjunta ginecólogo-forense y disponibilidad de materiales que faciliten el procedimiento de recogida de muestras.

Pero, sobre todo, el nuevo protocolo insiste en la obligatoriedad legal de realizar el parte judicial ante la confirmación o la sospecha de un delito sexual del tipo que sea, por cualquier sanitario que atienda a la víctima y sobre todo al alta hospitalaria, aunque la mujer no quiera denunciar, tomando medidas para su seguridad y bienestar. Excepcionalmente si la mujer se opone rotundamente a la realización del parte de lesiones se podrá hablar con Fiscalía , registrándolo debidamente en la historia.También se advierte que la evaluación ginecológica y la forense se realicen en un único acto para reducir el impacto psicológico de la víctimas como para que no se repitan las exploraciones. Sin olvidar que el apoyo básico que se debe dar a la mujer que ha sufrido una agresión sexual se englobaría en el acrónimo «ERES»: Escucha activa/Reconocimiento de su vivencia/Evaluación de la mujer /Servicios de apoyo y seguimiento.