Asumir la sanidad penitenciaria costará a Castilla y León cerca de 20 millones de euros

Hasta la fecha la sanidad penitenciaria, es decir, las prestaciones que reciben los reclusos en los ocho centros con que cuenta Castilla y León y cuyo coste, tanto en medio humanos como técnicos o materiales, corría a cargo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. Sin embargo, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido considera que ha llegado el momento de desprenderse de una competencia que cuelga de su presupuesto por lo que ha instado a las comunidades autónomas -sólo País Vasco y Cataluña gestionan la sanidad de sus presos- a que abran la negociación para proceder al traspaso de la sanidad penitenciaria.

Se trata, además, de cumplir un mandato del Senado, que aprobó el pasado 26 de octubre una moción apoyada por todos los grupos para que se iniciasen las gestiones necesarias para proceder a la entrega. Desde el Ministerio se considera que la prestación asistencial en las prisiones con medios propios está generando una duplicidad de recursos que produce numerosos problemas de coordinación en la gestión.

Castilla y León ha recogido la petición de Interior, aunque un poco «a regañadientes» , porque «no es el mejor momento para asumir más gastos». Según reconoce el propio consejero Antonio Sáez Aguado, se trabaja en la recogida de datos y de información para sentarse a negociar la mejor forma de recibir las nuevas competencias. De hecho, esta misma semana el titular de Sanidad se dirigirá al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para manifestarle la intención de la Comunidad de arrancar con una negociación que no se prevé fácil. Sáez Aguado reconoce que se trata de «un imperativo legal» que hay que acatar y, por lo tanto, es obligatorio asumir. Una prestación asistencial que actualmente depende del Ministerio de Interior, del que dependen tanto trabajadores (médicos y enfermeros) como los gastos derivados del material y las medicinas con copago.

Castilla y León cuenta con ocho centros penitenciarios situados en Ávila, Burgos, Dueñas (Palencia), León, Segovia, Soria, Topas (Salamanca) y Valladolid con una población reclusa de 4.609 internos, según los datos de 2015. Es la cuarta Comunidad en número de presos, por detrás de Andalucía, Madrid y Valencia, según los datos aportados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Para atender a este colectivo, las ocho prisiones disponen de una plantilla total de 33 médicos, 47 enfermeros y 34 auxiliares, de forma que por cada profesional médico hay una media de 141 internos y 98 por cada enfermero.

Estos profesionales sanitarios pertenecen a la plantilla del Ministerio del Interior. Con el traspaso de las competencias, el centenar largo de trabajadores pasaría a formar parte del personal de Sacyl , aunque éste es, precisamente, uno de los elementos a negociar. De salida, el cambio es bien recibido por estos profesionales.

Según un primer análisis de la Consejería, el coste efectivo de la transferencia en personal y medios rondaría los diez millones de euros. Sin embargo, según Sáez Aguado, esta cifra sería superior porque al coste efectivo hay que sumar las necesidades que pueden no estar completamente cubiertas por lo que la partida se podría incrementar con una serie de gastos adicionales que la llevarían hasta los 20 millones. De hecho, según Sáez Aguado, Instituciones Penitenciarias tiene algunas plazas vacantes en los puestos de profesionales sanitarios, lo que obligaría a completarlas. Además, insistió el consejero, la población reclusa de Castilla y León, en relación con la población total, duplica la media nacional lo que se traduce en una notable presión asistencial. Otro dato a tener en cuenta es la especial prevalencia entre los presos de enfermedades infecciosas como son el Sida y la Hepatitis C, lo que también se traduce en mayor gasto.