Archivan la denuncia contra la CHD e Iberdrola por el vaciado de Ricobayo
El auto admite que del desembalse podría derivarse alguna responsabilidad patrimonial y no penal

Tras varios meses desde el inicio de las diligencias, el Juzgado de Instrucción número 4 de Zamora da carpetazo a la investigación judicial por supuesto delito medioambiental derivado del vaciado del embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora, el pasado verano. La magistrada emitió un auto por el que decreta el sobreseimiento y archivo de la causa, aunque esa decisión es aún recurrible en apelación. D e esta forma tanto Iberdrola como la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) quedan exculpadas tras las indagaciones realizadas por el juzgado, después de que un particular presentase una querella criminal por el desembalse del pasado verano de ese pantano y se uniesen a ella como denunciantes una asociación de consumidores, un club de vela de la zona y el Ministerio Fiscal. Para el juzgado, de las pruebas practicadas no se deriva reproche penal alguno ni indicio de criminalidad, ni en la actuación de Iberdrola Generación ni en la de la CHD. Aún así, la jueza reconoce en el auto de archivo que el descenso del nivel del agua ha podido afectar a las cosechas de las dehesas y las actividades relacionadas con las embarcaciones de, por lo que, si se prueban los daños alegados en la querella, podría derivarse una responsabilidad patrimonial que en su caso deberá depurarse en la vía administrativa y no en la penal.
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Los denunciantes aludieron problemas de abastecimiento y daños al medio ambiente, los cultivos, la ganadería y el turismo de la zona para presentar las acciones judiciales en la vía penal ahora archivadas. En su argumentación, el juzgado instructor menciona el informe del Seprona que constata que hubo un «descenso importante de las aguas» en el mes de julio del año pasado pero no se apreció afección grave que atentara contra el medio ambiente o la fauna. Sobre el desabastecimiento de poblaciones, ese informe apuntó a que únicamente se pudo ver afectada la captación de agua de la urbanización del Esla y la de riego en la dehesa de Valdellope. El juzgado también alude a la concesión del aprovechamiento hidroeléctrico de la central de Ricobayo por parte de Iberdrola, que debería haber vencido en el año 2010, «sin que hubiera procedido su prórroga ante el incumplimiento de las condiciones a las que estaba sujeta», aunque esa cuestión corresponde dilucidarla en la jurisdicción administrativa y no en la penal, apunta la jueza.
Del 60 al 12% de capacidad
El embalse de Ricobayo, uno de los diez más grandes de España, pasó de estar a principios de julio de 2021 a más de un 60% de su capacidad al 12% a finales de ese mes, cuando el agua llegó a 644,8 metros sobre el nivel del mar, mientras que el nivel mínimo fijado es de 639 metros, según precisa el auto de archivo. Ese descenso del nivel podría constituir infracción administrativa en su caso porque «a pesar de que se han podido producir situaciones de estrés para la fauna por la alteración o pérdida del hábitat, no se han observado episodios de mortalidad masiva de peces u otras especies», según se desprende de los informes aportados. En base a ellos, la magistrada reconoce que no existió «grave riesgo» ni para el medio ambiente ni para su equilibrio, ya que además no se han constatado mortandad de peces ni consecuencias para la salud de las personas más allá del estrés o la afección de algunos ejemplares aislados de la fauna piscícola.