Tribunales
Aplazado el juicio contra León de la Riva debido a la enfermedad de su abogado
La Audiencia Provincial todavía no ha fijado una nueva fecha
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid acordó este martes el aplazamiento del juicio contra el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva , y los exconcejales Alfredo Blanco Montero y Manuel Sánchez Fernández , por la enfermedad del abogado del exregidor, José María Tejerina , según una resolución comunicada este martes a las partes.
De momento, según confirmaron fuentes de la Audiencia a la Agencia Ical, no hay nuevas fechas para un juicio que estaba previsto que arrancara mañana, 25 de abril, y que se prolongara hasta el próximo viernes.
La Fiscalía solicita para De la Riva una condena que suma nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación especial para ejercer por tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental por las tres cartas de conformidad que firmó en 2008, 2010 y 2011 sin seguir el procedimiento establecido para acceder a un crédito vinculado con el soterramiento del ferrocarril en la ciudad.
Según el escrito de acusación del fiscal, de la Riva, Blanco y Sánchez tramitaron las cartas de conformidad sin ningún procedimiento. En concreto, la primera, el 28 de julio de 2008, avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.; la segunda, el 24 de septiembre de 2010, avalaba otro préstamo a la Sociedad de 70 millones de euros, y la tercera, el 14 de febrero de 201, avaló un crédito de 400 millones de euros SVAV.
Además, el Fiscal sostiene que se firmaron las cartas de conformidad sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto y ello a sabiendas de que no se estaba siguiendo el oportuno trámite legal. Se firmó sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento (órgano competente para ello), sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León.
Respecto de la tercera carta de conformidad, la firmada en 2011, también se apunta que se hizo sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera para concertar lo que venía a ser un aval por importe de 100 millones de euros, dado su nivel de endeudamiento.
A su vez, el fiscal sostiene las cartas de conformidad no eran una «mera manifestación de confianza de la capacidad de gestión...» y constituían un garantía que podía servir como fundamento para que las entidades crediticias pudieran exigir el pago de parte de crédito a la corporación municipal.
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