Ante el Puente del Pilar: «Hacemos un llamamiento a todos, no sólo a los madrileños, a limitar la movilidad»

La movilidad que Castilla y León mantiene con Madrid sigue preocupando, y mucho, a la Junta después de comprobar que esas relaciones y flujo de población fue determinante en el gran impacto que la primera ola del Covid-19 tuvo en la Comunidad por esta vinculación y proximidad con el gran foco de contagios que supuso el territorio madrileño. Así que con el primer «puente» después del verano a la vuelta de la esquina -el lunes es festivo con motivo del Día de la Hispanidad- y el levantamiento por pronunciamiento judicial de las medidas de confinamiento a cinco millones de madrileños impuestas por el Ministerio de Sanidad encima de la mesa, los temores a esa afluencia son una realidad. Que lleguen habitantes de la comunidad vecina es «una posibilidad no descartable, y más en estas fechas», reconoció ayer el vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico, quien insistió en que parte de la «avalancha» que se produjo antes del primer confinamiento en marzo ya se ha dado por «descontada» con traslados a segundas residencias. Pero, con la segunda ola del coronavirus impactando, insistencia en la llamada de nuevo a reducir los contactos y también la movilidad. «Recomendamos que no se muevan», reconoció Igea en referencia a los madrileños, pero que a la vez lo hizo extensiva a «todos».

«Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos a reducir la movilidad» y «no sólo a los de Madrid» . «También a los de la Comunidad», subrayó Igea. «Lo que recomendamos a los ciudadanos de nuestra comunidad se lo recomendamos a todos», recalcó el portavoz, en la misma línea que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien volvió a llamar ayer a reducir los contactos sociales para frenar la propagación del virus. «No tratamos diferente a la gente por su territorio de origen», puntualizó el vicepresidente, «sino -añadió- por la incidencia» el coronavirus tenga allí donde viven. Y en Madrid, aunque no lo dijo expresamente, es elevada. Lo mismo que en otros lugares, incluida Castilla y León, la quinta con mayor incidencia del virus a siete y catorce días.

Si de forma indirecta el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) afecta a Castilla y León por esa apertura de nuevo a la movilidad, de forma directa «no» lo hace y tampoco a las medidas tomadas en la Comunidad, «gran parte» de ellas ratificadas por pronunciamientos judiciales, subrayó Igea. Sólo falta que el juzgado lo haga sobre el cierre decretado el martes para las ciudades de León y Palencia y para la localidad leonesa de San Andrés del Rabenedo. Con la «máxima confianza» en la Justicia, el vicepresidente recordó que «hasta ahora» han sido avalados otros aislamientos, también de localidades grandes como Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Medina del Campo. Por eso «estamos relativamente tranquilos».

«La Justicia es una garantía», señaló el portavoz. Eso sí, la confianza en la decisión de los jueces no significa que sea la vía que gusta a la Junta. Desde que se empezó a hablar del fin del estado de alarma y la recuperación de la movilidad limitada a los españoles durante más de tres meses ha reclamado una herramienta intermedia entre esa fórmula extraordinaria y tener que someter cada confinamiento al veredicto de los jueces. Precisamente a ese argumento apuntado por el magistrado madrileño que ha tumbado el cierre de Madrid se refirió ayer Igea. Esa disparidad de decisiones, dijo, «son las consecuencias esperadas» de tener que tomar decisiones «de manera territorial» en esta pandemia, por lo que volvió a reclamar la reforma normativa que evite estos «peligros». «Desde el sentido común, todos tenemos claro que lo mejor es tener criterios uniformes», apuntó, mirando de nuevo al Ejecutivo de Pedro Sánchez que puede decretar el estado de alarma .

No entró a valorar la sentencia de Madrid, pero sí apuntó que es al Gobierno central, que fue quien decretó el cierre, al que corresponde hacerlo. «Nosotros siempre hemos asumido nuestras responsabilidades», defendió. «No estamos aquí para aprovechar cada error del Gobierno o enemigo político para dar una patada en la espinilla. No lo hemos hecho ni lo haremos», aseguró el vicepresidente, quien sí volvió a pedir ese cambio legal que debe promover el Ejecutivo central.

«No tratamos diferente a la gente por su territorio de origen, sino por su incidencia del Covid», señala Igea