Dos años seguidos de déficit y desequilibrio en su presupuesto serán motivo de extinción de una cámara

La Ley de Cámaras de Comercio de Castilla y León , cuyo anteproyecto recibió ayer luz verde del Consejo de Gobierno, contempla un régimen de financiación que «garantizará» las necesidades «mínimas» de estos órganos. Desde las catorce instituciones de estas características repartidas por la Comunidad ayer saludaron con «satisfacción» a este nuevo marco con tintes de salvación que llega después de tiempos convulsos en el plano económico, marcados, entre otros aspectos, por la supresión de la cuota cameral que dejó a algunas en una situación muy delicada.

La nueva normativa sobre las Cámaras de Comercio desarrolla la ley básica estatal «adaptándose a la realidad» de la Comunidad a través de dos importantes cambios, explicó ayer la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. El primero de ellos sería la creación de una Cámara de Castilla y León que tal y como ya se había avanzado, ejercerá de coordinadora y será el interlocutor con la administración y el sector privado. La segunda novedad, un régimen económico que deja atrás una financiación variable como la actual, que estaba sujeta a acciones concretas que se iban planificando y que eran subvencionadas -como por ejemplo un programa de fomento del emprendimiento rural-, para pasar a un sistema que se compromete a recoger cada año una partida presupuestaria para estos organismos en las Cuentas de Castilla y León para que ejerzan las tareas público administrativas que tienen asignadas.

Así, el anteproyecto de la Junta regula específicamente que la futura Cámara de Castilla y León, aún pendiente de creación, contará con recursos procedentes de la administración autonómica para el ejercicio de sus funciones. Eso sí, la Junta marcará las pautas y la acción de estas instituciones deberá de estar «ligada a los objetivos» de la «política general» que «diseña» la Consejería de Economía y Hacienda, matizó Del Olmo.

La dotación será «conforme a las disponibilidades presupuestarias», y se pactará año a año con la cámaras, garantizando que el montante sea suficiente para mantener las «estructuras mínimas».

El reparto, dependerá de la nueva Cámara regional, que será la que distribuirá los fondos entre el resto.

También en el plano económico, el anteproyecto fija el procedimiento ante una posible extinción o liquidación de las cámaras. Así, determina que si se mantiene durante un plazo de dos años un incumplimiento del equilibrio presupuestario y déficit, se dará al órgano por extinguido y será asumido por uno superior. Si se trata de uno de carácter local se integrará en el provincial, y si es provincial en el de carácter autonómico.