Política
Los alumnos de Secundaria de Castilla y León estudiarán la historia, evolución y consecuencias del terrorismo
Es una de las medidas que incorpora el proyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo, que incluye ayudas en sanidad, educación, vivienda y empleo
Las víctimas del terrorismo «sufrieron un daño injustificado que nunca tuvieron que haber soportado, y la sociedad no supimos evitarlo». Es una de las justificaciones que soporta el Proyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León que ayer aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta y que hoy llega a las Cortes con el objetivo de recibir el visto bueno definitivamente. Pero no sólo es una cuestión del pasado, señaló el vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, mirando a la lacra que ha supuesto ETA en la historia de España, sino que en la actualidad «sigue existiendo una amenaza importante» de esta forma atroz de violencia, encarnada especialmente por el yihadismo. Por eso, esta norma tiene su razón de ser y con ella se busca, «fundamentalmente», «contribuir al reconocimiento y memoria de las víctimas». En Castilla y León 392 nombres marcados a sangre por el terror, 44 de ellos perdiendo la vida y 348 aún residen en la Comunidad, según los datos del Ministerio del Interior, aunque no hay un registro oficial.
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Esta ley, explicó el también consejero de la Presidencia, pretende establecer medidas de atención y protección a las víctimas, dentro de las competencias de Castilla y León, pues también existe una ley nacional, de septiembre de 2011. Un texto con el que se ha «coordinado» -es el primero de una autonomía que se alumbra tras el nacional, aunque otras ocho ya tienen sus normas-, además de nacer del diálogo con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad. El reconocimiento y atención integral a través de medidas de protección y actuación dirigidas a la reparación de los daños sufridos, así como el recuerdo y homenaje a todos aquellos que sufran el terrorismo es el «leitmotiv» que impulsa esta ley, que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se comprometió a sacar adelante.
Así, incluye tanto medidas de apoyo como en recuerdo y memoria de las víctimas, entre quienes se incluyen no sólo las personas que sufrieron las garras del terror, sino también sus cónyuges e hijos y, en algunos casos, padres, abuelos, nietos y hermanos.
En esa labor en memoria de las víctimas, se fija que las administraciones públicas deberán «realizar y promover actos públicos de homenaje, recuerdo y reconocimiento», en los que «se procurará la presencia» del testimonio suyo «directo». Además, «velarán» por su dignidad «impidiendo», en el marco de sus competencias, «cualquier acto, manifestación o símbolo vejatorio o de humillación para las víctimas o de exaltación u homenaje a terroristas». Aunque, apostilló el vicepresidente, «afortunadamente» en Castilla y León «no» han existido este tipo de comportamientos. En definitiva, que «que no se sientan olvidados», resaltó De Santiago-Juárez, quien apuntó que se busca participar de forma conjunta e ir de la mano en transmitir un «relato veraz de lo que es el terrorismo».
Planes para la reinserción profesional
En este sentido, se incluye que bajo el título «Educación para la paz», se incluirá en el currículo educativo de enseñanza Secundaria la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo. No tendrá forma de asignatura concreta y, por el momento, y hasta que estén aprobado esos programas, se elaborarán unidades didácticas a disposición de los centros.
En cuanto a las medidas de protección, dirigidas a las propias víctimas, cónyuges e hijos, incluyen sanitarias, educativas, asistenciales y de acceso a la vivienda. Así, por ejemplo, se contempla su derecho a recibir los tratamientos médicos, quirúrgicos y ortopédicos necesarios siempre que se acredite su necesidad y vinculación al atentado y no hayan sido cubiertos por el sistema público o privado; así como la atención psicológica. Un coeficiente corrector en el cálculo de la renta será de aplicación en las ayudas a las estudio, las víctimas tendrán servicio «gratuito» de comedor escolar; estarán exentas del pago de precios públicos por programas de conciliación familiar o enseñanzas especiales y tendrán «preferencia» en el acceso a las residencias de mayores. En materia educativa también fija que los centros docentes tendrán que contar con un sistema que permita la atención individualizada y facilite la continuación de los estudios que estuvieran realizando en el momento de sufrir el atentado.
También piensa en el acceso al empleo. Tendrán un tratamiento específico en los planes de reinserción profesional, programas de autoempleo o ayudas a la creación de nuevas empresas. Además, exime a las víctimas del pago de tasas en las oposiciones.
