Admiten a trámite el recurso de asociaciones de ganaderos en contra de la prohibición de cazar lobos
La Audiencia Nacional acepta la petición de COAG, ASAJA y UPA para que se vuelva a anteriores planes de gestión
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por distintas asociaciones de agricultores y ganaderos contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica por la que se incluía al lobo de la zona norte del Duero en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, prohibiendo su caza deportiva.
Así se desprende de un auto del pasado 28 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la letrada de la administración de Justicia acuerda tramitar el escrito presentado por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
En el auto también se acordaba la formación de «la presente pieza separada, con certificación literal de los antecedentes necesarios, para resolver sobre la medida cautelar solicitada» por las asociaciones.
En concreto, como han recordado a través de una nota de prensa, las asociaciones reclaman que se vuelva al Plan de Gestión del Lobo de Cantabria que había con anterioridad a la inclusión de esta especie en el LESPRE, que incluía medidas tempranas para evitar los continuos ataques al ganado. «De no ser así», han advertido, «se pondría en peligro un modelo de ganadería fundamental, la extensiva».
«COAG, ASAJA y UPA están dando los pasos pertinentes ante la situación a la que se han visto abocados los ganaderos, principalmente de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, donde se alberga la mayor población de lobos de la Península Ibérica, y, por lo tanto, donde se están produciendo enormes daños a la ganadería extensiva», añaden.
Las asociaciones consideran «que la decisión del Gobierno de España de incluir al lobo ibérico en el LESPRE ha sido unilateral y antidemocrática , ya que se ha tomado sin consensuarlo con la sociedad española y, sobre todo, sin preguntar a los verdaderos afectados: los ganaderos». «En definitiva, al revés de cómo debiera ser», lamentan.
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