Admiten como acusación a un primer empresario «víctima» de las eólicas

Quince millones de euros. Es el perjuicio económico que dice haber sufrido un empresario que en 2005 vendió sus participaciones en un proyecto eólico por debajo del precio del mercado. Lo hizo, alega, cediendo a las presiones de la Consejería de Economía para que prosperaran las autorizaciones de varios parques. Así lo aseguró como testigo en sede judicial y así lo recoge la querella presentada para reclamar ser parte en la causa de las eólicas -en fase de instrucción- como «perjudicado». Un término que pese a ser denegado en dos ocasiones, finalmente ha sido admitido por parte de la Audiencia de Valladolid , que se ha pronunciado a favor. Se convierte, así, en el primer presunto damnificado que será acusación particular -es el único que lo ha pedido-. Abierta la puerta, se le podrían sumar otros, que como él, han declarado haber sido «víctimas» de la trama del viento en Castilla y León.

Se trata de José María Vélez González, consejero de la promotora eólica Ider y representante de Ingeniería Yedra 10 , que tenía el 6% del capital social de la primera, una de las firmas que figuran en la investigación de la trama que instruye el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid. En concreto, la querella de la Fiscalía Anticorrupción , que el ya reconocido «perjudicada» reproduce en la demanda a la que ha tenido acceso ABC, recoge que la empresa había solicitado en la provincia de León los parques Era del Pico, Cerro Becerril, El Pedrón y La Mallada. Todas las solicitudes se habían presentado en 1998 y la tramitación administrativa había avanzado hasta estar ya incluidos en la planificación de la Dirección General de Industria Energía y Minas. «Por ello, podían y debían haber sido autorizados en el año 2004», sin embargo el ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado les habría puesto el freno «con la pretensión de que fueran vendidos o traspasados a Biovent -filial de Iberdrola- y asignar una participación a algún empresario local», «modus operandi» que se habría repetido en múltiples proyectos, según la tesis del Ministerio Público.

No fue ninguno de estos proyectos el que finalmente cambió de manos, sino un cuarto, que Ider SL tenía junto con Gamesa Energía y había solicitado en 1999 en Argañoso, también en León. «Rafael Delgado asignó este parque para que fuera vendido o cedido» a Energía Global Castellana SA -propiedad de Cayetano Wind SL (de los hermanos Esgueva) y Biovent-, a la que le fue traspasado en 2005. Un mes después, este parque obtuvo autorización que no avanzaba. La operación permitió que también tuvieran el visto bueno los de Era de Pico, Cerro Becerril, El Pedrón y La Malladas.

La trama no habría acabado allí. Y es que, según figura en la demanda del empresario, antes de que se recibieran formalmente esas autorizaciones y con el fin de que «pudieran prosperar» tuvo Ider que «acceder a la venta de participaciones» al socio local que presuntamente la Consejería exigía para dar luz verde a los proyectos, y que el denunciante cita como «empresas vinculadas a Delgado».

En este sentido, señala que se procedió a la venta de las participaciones de Yedra 10 SL, socio minoritario de Ider, a Sinae Inversiones Eólicas SA por un precio de 860.144 euros, «por debajo del valor del mercado, beneficiando a los adquirentes». El quebranto económico alega que ascendió a los 15 millones, precio que habría obtenido en un mercado «libre y transparente».