Acuerdo para una mejora retributiva de los 88.000 empleados públicos autonómicos

La Junta de Castilla y León y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF suscribieron ayer el cuerdo por el que se incrementa la retribución de los empleados públicos con una dotación de los fondos adicionales para la mejora del empleo que alcanza el 0,75 por ciento de media sobre la masa salarial. Dicha subida se realizará a través del complemento específico porque «reconoce el rendimiento y la responsabilidad en el ejercicio de los puestos de trabajo», cuya relación se trabaja en ampliar para que, en el primer trimestre de 2022, estén «adecuados a las nuevas competencias» para que el incremento beneficie «por igual, y de forma lineal y consolidada, a todos los empleados públicos», según destacó el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

Se trata así de un aumento «igual para todos», con la que se compensan los recortes sufridos durante la crisis económica de 2008, y la distribución de los fondos adicionales pendientes, que suman un total de 24 millones de euros de los años 2018, 2019 y 2020 para los funcionios de la Administración General, Sacyl y Educación, informa Ical.

El convenio rubricado ayer se circunscribe al II Acuerdo entre Gobierno y sindicatos alcanzado a nivel nacional en marzo de 2018 y que recoge medidas de mejora de empleo público, de condiciones laborales y retributivas. Un compromiso que la Junta ha hecho «suyo», como destacó ayer Ibáñez, que también destacó que se «retribuye la especial dificultad técnica para el desempeño de determinados puestos».

«Considerando que estamos en un momento crucial para resolver elementos organizativos, por las nuevas relaciones de puestos de trabajo que tenemos que construir, es un buen momento para realizar un análisis de los mismos acorde a los servicios que presta la administración autonómica», señaló Ibáñez, propugnando que la RTP «se adapte a las nuevas demandas».

Esta comisión también dio el visto bueno al otro gran acuerdo formalizado por la Junta con los sindicatos, sobre carrera profesional, y por el que se reconoce «el desempeño y la prestación de unos servicios de calidad por parte de los empleados públicos», que no otorga «solo un derecho económico», sino que valora el aumento progresivo de la capacidad y experiencia del empleado público, puesto que éste «redunda en la calidad de los servicios públicos» y en una «modernización y estabilización de la función pública».

Ambos acuerdos, que serán ratificados hoy por el Consejo de Gobierno, fueron definidos por Ibáñez como «un ejemplo claro del poder de negociación» y una muestra de que «el buen entendimiento entre la Administración y los sindicatos sigue abierto», suponiendo además un «punto de inflexión» en la legislatura por establecer «hitos para una función pública equitativa y eficiente en la Comunidad»