El Supremo obliga a pagar 15 millones al Ayuntamiento de Talavera por los planes de empleo
«Todo es fruto de la mala gestión de Jaime Ramos y Santiago Serrano», dice la portavoz municipal
La portavoz municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Flora Bellón, ha informado de la providencia dictada por el Tribunal Supremo, en la que no se admiten los recursos del Ayuntamiento sobre los planes de empleo de años anteriores , lo que supondrá para las arcas municipales tener que pagar unos 15 millones de euros. Ha asegurado ue esa sentencia es «una hipoteca para este Ayuntamiento y para esta ciudad, que debemos a la pésima gestión del anterior Gobierno del PP, de Jaime Ramos y de Santiago Serrano».
«El Supremo dice no a la pretensión del Ayuntamiento de dar validez a los planes de empleo desarrollados en 2016 y 2017» , señaló la portavoz, que informó de que ahora el equipo de Gobierno actual se enfrenta a una deuda «millonaria» en base a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social en octubre de 2018 y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en marzo de 2019.
Facturas sin pagar
Ha indicado que a la lista de circunstancias heredadas del anterior Gobierno del PP, como expedientes mal tramitados, asuntos que han tenido que pasar por el Consejo Consultivo, más de 7 millones en facturas sin pagar o contratos prorrogados y sin licitar; ahora llega otra «consecuencia fr uto de la mala gestión del Gobierno de Ramos» y que podría suponer una deuda aproximada de 1 5 millones de euros . Bellón ha asegurado que «vamos a acatar la sentencia, como no podía ser de otra manera», y avanzó que el Gobierno municipal ya está trabajando con los Servicios de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento para ver cómo pagar a lo largo del tiempo.
Además ha reiterado que esta sentencia es fruto de la «falta de compromiso del Gobierno del PP con los plantes de empleo, por la desorganización en torno a ellos, por la falta de realización de proyectos con autonomía y sustantividad propia, por emplear a unos trabajadores del plan de empleo en hacer unos trabajos permanentes en el Consistorio». «Nos gustaría que Jaime Ramos y Santiago Serrano , que todavía se sientan como concejales en este pleno, nos dieran explicaciones de cómo ha podido ocurrir esto en la ciudad», aseguró.
Aunque esta sentencia se refiere al conflicto colectivo que se interpuso por CC.OO en 2017 y que agrupa a los trabajadores del plan de empleo de 2016 y de un primero que hubo en 2017, también está judicializado el segundo plan de empleo de 2017, el de 2018 y los de zonas rurales deprimidas, ya que «también se están reconociendo estas diferencias salariales a los demandantes».
Falta de negociación
La portavoz municipal se ha referido a la «desgana, desidia e incapacidad para gestionarlo como había que hacerlo» , ya que «son planes sociales que necesitan de la redacción de planes específicos, con autonomía y sustantividad propia, con contratos determinados en el tiempo». Por eso, ha matizado, «han reclamado cobrar como los empleados públicos». Todo esto es el «fruto de que, además, no se negociara con la parte social y se mirara para otro lado», añadió.
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