Nuevo retraso en un macrojuicio por el presunto fraude de un millón de euros a la Agencia Tributaria hace 20 años
El procedimiento está abierto desde 2007 y hay 16 acusados
El abogado Javier Alberti ha evolucionado como persona y como profesional con la causa del macrojuicio que se ha suspendido en la Audiencia Provincial de Toledo este martes. Es el representante de dos de los 16 acusados en este procedimiento, abierto desde 2007 y que ahora se podría retrasar alrededor de dos años más, según los cálculos «optimistas» de Alberti.
Pero, ¿por qué el Ministerio Público pidió la suspensión? Los procuradores de las cuatro sociedades mercantiles con responsabilidad civil que figuraban en el procedimiento estaban citados para la vista oral. Sin embargo, ya no estaban en la causa y no avisaron al juzgado de que habían cambiado. «A la Fiscalía no le quedó entonces más remedio que pedir la suspensión para evitar luego un problema», según fuentes jurídicas.
La Agencia Tributaria atribuye a una empresa de construcción de Casarrubios del Monte tres delitos contra la Hacienda pública por una presunta defraudación del impuesto de sociedades, que se habría cometido en los ejercicios de 2001, 2003 y 2004 con la colaboración de otras sociedades mercantiles y trabajadores autónomos. En total, habrían eludido el pago de un millón de euros en un caso que, según Alberti, tiene un poso de venganza.
La acusación, ejercida por el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado, asegura que hay una contabilidad irregular y que parte de los gastos de la empresa son ficticios, con facturas falsas de trabajos no realizados.
Sin embargo, Alberti sostiene que sus clientes han declarado «conforme a la realidad de los ingresos y de los gastos» . «Y defendemos que todos los trabajos están realizados y las obras están construidas», aseguraba a ABC antes del juicio.
Las penas de prisión que piden las acusaciones se mueven en una horquilla de diez años a uno de cárcel, dependiendo de la presunta implicación. Además, reclaman una responsabilidad civil de un millón de euros que deberían desembolsar todos los procesados de manera solidaria, amén de unas multas que alcanzarían los tres millones de euros en el caso de cada uno de los dos principales encartados.
Acercamientos
La causa comenzó a tramitarse en Navalcarnero (Madrid) y pasó a Illescas. Debido al número de procesados en el macrojuicio, el Juzgado de lo Penal número 4 de Toledo había solicitado a la Audiencia el uso de su sala grande por la falta de espacio en sus instalaciones de la calle del Márqués de Mendigorría.
«Este procedimiento tiene un millón de errores y, entre ellos, no se ha notificado a las empresas que serían responsables civiles subsidiarias -explicaba Alberti antes de la vista-, ya que uno de mis clientes es el administrador y el otro, apoderado». «No es una artimaña nuestra para alargar el proceso, ni mucho menos», rechazaba.
Alberti señalaba que sus clientes mantienen su inocencia, aunque «sí que es verdad que se llegó a valorar la posibilidad de llegar a un acuerdo». «Cuando se piden penas tan importantes -exponía-, uno está dispuesto a aceptar algún tipo de acuerdo que pase por la no entrada en prisión y una aminoración por las cantidades que se reclaman». Admitía que la Fiscalía «facilitó bastante la posibilidad de llegar a acuerdos », mientras que la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, «se ha opuesto a cualquier conformidad».
Según Alberti, la Agencia Tributaria comenzó a investigar en 2005 y, un año después, recibió una denuncia anónima con una documentación «sustraída de nuestra empresa y manipulada. Tenemos la certeza porque es documentación interna». Sospechan de una persona que fue despedida y que actuó como despecho. «Cuando la Agencia Tributaria recibe esa información -añadía-, solicita una entrada y registro en las oficinas de la empresa, de donde se llevan documentación y que, en principio, aporta en este procedimiento».
La vista, que ya se había señalado en dos ocasiones, comenzó con una hora de retraso y con la presencia en la sala de 15 de los 16 acusados (otra persona iba a intervenir por videoconferencia), además de diez letrados, la fiscal y el abogado del Estado, que quería que el juicio continuara.
Sin embargo, el juez Jorge Olmedo, a petición de la Fiscalía, lo suspendió diez minutos más tarde tras consultar a todas las partes. Con este aplazamiento « se evita el riesgo de una nulidad -señalaba Alberti luego-; el procedimiento se echa hacia atrás y se citará a las sociedades mercantiles que supuestamente emitieron algunas de las facturas que se ponen en duda». Aunque el letrado advertía: «Como son hechos de hace 20 años, hay empresas que han dejado de tener actividad y hay que saber si siguen 'vivas' para que se las pueda citar. En cualquier caso, aunque no tuvieran actividad, hay que cumplir el trámite para que estén en el procedimiento».
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