¿Qué se cuece en una casa si pagan 2.116 euros en un recibo de la luz?
Un hombre y una mujer serán juzgados en Toledo este miércoles por cultivar marihuana en una vivienda de Santa Cruz del Retamar y en otra de Arroyomolinos

Los recibos de la luz los delataron. Que en una vivienda se pagase 2.116 euros y 6 céntimos en un solo mes no es algo muy común en los hogares españoles. Entonces, ¿qué se cocía en esa casa? Un laboratorio para la elaboración de marihuana .
Un hombre y una mujer se sentarán este miércoles en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo. Les imputan tres delitos: contra la salud pública, el blanqueo de capitales y la tenencia de un arma prohibida.
Estas personas fueron sorprendidas en mayo de 2013 por la Guardia Civil dedicándose al cultivo de marihuana en una vivienda de Santa Cruz del Retamar (Toledo) y en otra de Arroyomolinos (Madrid), separadas por 40 kilómetros. También elaboraban, pesaban y embolsaban la sustancia, que luego era distribuida personalmente por el acusado, Diego Vilanova Benedit. Con todo, en esas casas se producían sustancias prohibidas a escala industrial .
No eran sus residencias habituales
La procesada, S. O. O., pagaba las facturas de electricidad y de agua de las dos viviendas, una de ellas (la de Santa Cruz del Retamar) de su propiedad. El importe era muy elevado, «en consonancia con la ilícita actividad desarrollada en esos inmuebles», según queda reflejado en el escrito de acusación del fiscal Juan Pedro Bescós.
En concreto, la última factura de electricidad del inmueble de Arroyomolinos, correspondiente a abril de 2013 -unos días antes de ser detenidos, el 13 de mayo-, ascendió a 2.116,06 euros. « Las cantidades eran varias veces superiores a las normales en una vivienda normal no dedicada a actividad económica , y más en este caso, que los acusados no utilizaban ninguna de las viviendas como residencia habitual ni esporádica», advierte el fiscal. Y cita otro ejemplo: la factura de la luz del recibo de diciembre de 2012 subió hasta los 742,72 euros en el inmueble de Arroyomolinos.
En la vivienda de Santa Cruz del Retamar, la Guardia Civil contabilizó 204 plantas de marihuana, además de un rifle y un revólver modificado para disparar otro tipo de munición, unas armas para las que Diego no tenía licencia.
El mismo día, 13 de mayo, del registro en la vivienda toledana, los agentes también entraron en la casa de Arroyomolinos, donde hallaron 596 plantas de marihuana, material para el cultivo y droga en bolsas. La acusada entregó a los investigadores policiales dos bolsas de deportes, que contenían casi diez kilogramos de marihuana distribuidos en fardos, así como una balanza de precisión.
En total, a los dos encartados se les incautó casi 30 kilogramos de cannabis sativa, que tendrían un precio de 156.748,44 euros en el mercado ilícito si lo hubiesen vendido por gramos, o de 32.264,79 euros en el caso de venderlos por kilos.
Empleada de hogar
Para borrar las huellas de sus fechorías, según el ministerio público, la mujer pagaba las facturas de la luz con dinero en metálico. Además, la pareja realizaba compras de efectos que ponían a nombre de ella. Concretamente, la procesada adquirió un inmueble en Santa Cruz del Retamar valorado en 182.722 euros y dos vehículos: un Volkswagen Passat valorado en 10.763 euros y un Opel Meriva valorado en 6.664 euros.
La mujer también tenía a su nombre dos cuentas bancarias y en una tercera aparecían los dos como titulares. En nueve años (2003-2012), los ingresos conjuntos de la pareja ascendieron a 222.696 euros. Además, la procesada reunió 283.569 euros en las dos cuentas a su nombre durante ese mismo periodo, una cifra que llama poderosamente la atención por una circunstancia laboral: en esos nueve años, la mujer no tuvo más ingresos lícitos que los derivados de su trabajo como empleada de hogar, por el que cobraba unos 928 euros al mes. «Era una cantidad insuficiente a todas luces para adquirir el patrimonio referido», señala el fiscal.
El ministerio público solicita siete años y seis meses de prisión para cada uno de los acusados. Además, Diego Vilanova se enfrenta a otro año y medio de cárcel por la tenencia ilícita de las dos armas de fuego.
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