Acusan a un empresario de falsificar cuatro veces la firma de una trabajadora para no indemnizarla
La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para el administrador único de una explotación ganadera de Menasalbas por un delito continuado de falsedad en documento mercantil
Un empresario de Menasalbas será juzgado en la Audiencia Provincial de Toledo el próximo miércoles, 9 de octubre, por haber falsificado, presuntamente, la firma de una trabajadora hasta en cuatro ocasiones para no pagarle la indemnización que le correspondía. El acusado se enfrenta a 2 años y medio de cárcel, la pena que pide la Fiscalía para él por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha este viernes. ABC ha intentado, sin éxito, localizar al procesado.
Los hechos arrancan el 5 de junio de 2012, cuando el inculpado era administrador único y representante legal de Explotaciones Ganaderas El Canto Gordo , en la localidad toledana de Menasalbas. Aquel día fue condenado en sentencia firme por el Juzgado de lo Social de Toledo número 2. Se le ofreció dos opciones: la readmisión de una trabajadora cuyo despido había sido declarado improcedente o que la indemnizase. En este último caso, la cantidad total sería de 6.435 euros más los intereses legales.
La afectada solicitó la ejecución por vía de apremio, pero el empresario se negó a pagar lo que le exigía el juzgado. Alegaba que sí había realizado el abono de manera fraccionada a la trabajadora , concretamente en cuatro pagos de 1.429,37 euros cada uno, en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012.
Para demostrarlo, el acusado presentó cuatro documentos de pago falsos, según la Fiscalía, en los que la afectada manifestaba que había recibido 1.429,37 euros en cada uno de ellos, en concepto de pagos fraccionados de la indemnización.
Embargo de bienes
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que el empresario imitó o encargó a un tercero que imitara la firma de la trabajadora en los documentos de «recibí». Así lograría «dotarlos de una apariencia de plena credibilidad y eficacia», según la fiscal que firma el escrito de acusación, Silvia Casasús.
Pero el ganadero no consiguió su objetivo de evitar el desembolso de la indemnización. La mujer aportó pruebas que demostraron lo contrario y el juzgado de lo Social embargó bienes del acusado para ejecutar el pago del dinero que el administrador único de El Canto Gordo debía a la empleada.
El nombre de esta explotación ganadera saltó a los medios de comunicación el pasado año. Logró la adjudicación del contrato de compraventa de ganado vacuno de raza avileña negra ibérica, propiedad de la Diputación de Toledo, que había sido adquirido durante el gobierno de Arturo García-Tizón (PP) para la finca El Borril, en Polán. Concretamente, El Canto Gordo compró un toro, una vaca y 15 terneros por 12.100 euros.
Esas reses formaban parte del ganado puesto a la venta por el actual equipo de Gobierno de la Diputación. Su presidente, Álvaro Gutiérrez (PSOE), consideraba innecesarios los ejemplares de raza avileña negra ibérica para el proyecto educativo que se desarrollaba en el aula de la naturaleza de la finca. La finalidad de El Borril es dar a conocer el bosque mediterráneo y mostrar las principales características de la comarca de los Montes de Toledo.
