«La sociedad de Castilla-La Mancha está madura para la Ley de Eutanasia»
Entrevista con la directora general de Humanización de la Junta, María Teresa Marín Rubio
«La norma es una parte importante de la humanización de la asistencia en el momento final de la vida, un derecho que hay que defender»
El 25 de junio entró en vigor la llamada Ley de Eutanasia. Para su aplicación, en Castilla-La Mancha se ha creado recientemente la Comisión de Garantía y Evaluación, prevista en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, y que debatirá y decidirá sobre cada petición que se produzca en el ámbito autonómico. Hablamos con la directora general de Humanización y Atención Sociosaniataria, María Teresa Marín, que en los últimos meses ha estado trabajando en esta nueva prestación que, por ley, pueden solicitar ya los ciudadanos de la región.
Dígame la diferencia entre el antes y el después de la Ley de Eutanasia en Castilla-La Mancha.
La diferencia es que ahora hay un nuevo derecho a disposición de los ciudadanos y que se ha dado una respuesta a un problema que existe en buena medida por los niveles de esperanza de vida y de envejecimiento de la población, así como por las condiciones de ese envejecimiento que, cuando se alarga la vida, a veces no son soportables y se hacen poco dignas para las personas. Además, nos encontramos en un momento en que la sociedad también está lo suficientemente madura. La ética y la cultura en las sociedades cambian, y yo creo que ha sido el momento adecuado. Es una satisfacción, no exenta de interrogantes, contar con esta ley y con este nuevo derecho que pueden utilizar aquellas personas que padecen una enfermedad grave e incapacitante y un sufrimiento insoportable y no desean continuar con esa situación.
Entre la sociedad castellano-manchega, envejecida, en parte con atavismos religiosos o morales. ¿Cuál cree que será el nivel de aceptación?
Yo creo que el consenso social habla de que cuando vamos llegando a una determinada edad es común que la gente espere vivir muchos años, pero en buenas condiciones. Muchas personas mayores, también, en zonas rurales, han tenido que ser cuidadores durante largos años, y conocen del agotamiento del cuidado y del agotamiento de la persona que tiene que ser cuidada. Son larguísimos periodos que se prolongan durante años y en los que resulta muy difícil proporcionar una calidad de vida aceptable y digna. No solo hay una nueva ley y un nuevo derecho, sino un desarrollo de cuidados paliativos y de otro tipo de intervenciones que permiten ir manteniendo la situación para que sea aceptable por parte de la persona que la tiene que sufrir, pero hay situaciones en las que no. Y en cualquier caso, lo que reconoce esta ley es un derecho individual y exclusivo de la persona, que no se puede subrogar. No hay nadie que pueda decidir por ti en este caso, únicamente si hay una declaración anticipada de voluntades en la que se expresa específicamente que quieres acogerte a la Ley de Eutanasia. En ese caso podría utilizarse, pero en ningún otro: ningún médico, ningún familiar, ninguna otra persona, ningún juzgado va a decidir algo que se queda exclusivamente en el ámbito privado y de la persona.
¿Y si la persona no está en condiciones en ese momento de decidir si quiere someterse o no a la eutanasia?
Si la persona no está en condiciones y no hay una declaración de voluntades anticipadas, o en esa declaración no figura el acogerse a esta ley, no podrá hacerse en ningún caso.
Los médicos dicen que antes de afrontar la eutanasia debería potenciarse el sistema de cuidados paliativos en la región. ¿Considera que son suficientes?
Siempre se necesita más, pero no solo en este campo sino en todos: asistencia a enfermos terminales, niños, enfermos oncológicos o patologías como el trastorno mental. Hay una buena red de cuidados paliativos, se está llegando, se está trabajando para desarrollarla, sobre todo en cuidados paliativos pediátricos, y también en más equipos que puedan desplazarse a domicilios para que el cuidado paliativo no tenga que prestarse en el hospital sino en el entorno familiar. Aquí hay equipos de intervención comunitaria en el Hospital del Valle de Toledo que están funcionando fantásticamente bien, y me consta que con una satisfacción altísima para todos los familiares.
¿En los registros de voluntades anticipadas las personas indicaban ya que deseaban recibir un tratamiento determinado para el final de su vida?
Nosotros no tenemos datos de los registros de voluntades anticipadas porque pertenecen a la persona que ha hecho esa declaración. No hay un registro de cuántas personas han solicitado que en el futuro —puesto que hasta ahora la eutanasia no ha sido un derecho reconocido legalmente— quisieran acogerse a la ley. Pero eso no se sabrá nunca, solo si el día de mañana la persona que ha hecho esa declaración de voluntades no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma y la familia le pide al médico que registre sus voluntades anticipadas.
¿Y si en el registro consta que quiere la eutanasia?
Se aplicaría y legalmente es así. Otro caso sería alguien que no ha perdido su capacidad de toma de decisión; en ese caso no le vincularía su declaración de voluntades anticipadas. La voluntad del paciente en ese momento está por encima, haya dicho lo que haya dicho en el pasado. Ni tampoco por un familiar.
Hace unos días se creó la Comisión de Evaluación y Garantía, formada por diez personas. ¿Ha sido difícil la creación de la Comisión? Porque conlleva mucha responsabilidad individual.
Las competencias de esta Comisión están bastante reguladas, tanto en la ley como en el decreto. Con ella se pretende garantizar que la persona que ha solicitado que se le aplique la eutanasia entra dentro de estos supuestos y que se han cumplido todos los trámites. La ley es muy, muy garantista para asegurarte de que la persona tiene capacidad, entiende las decisiones que está tomando, las tiene tomadas de forma sostenida, y que hay una coincidencia o al menos un consenso entre profesionales de distintas disciplinas sobre si la persona entra dentro de estos supuestos. La novedad de la ley no es solo permitir el ejercicio de la eutanasia sino que esta sea una prestación del sistema sanitario público, que tenemos que defender.
¿Se contempla en algún momento que se externalice esta prestación, o se hará en la sanidad pública?
La ley establece que la sanidad pública tiene que asegurar que el ciudadano, que es el sujeto del derecho, puede acceder a esta prestación. En principio no entra dentro de nuestros cálculos la externalización, ni muchísimo menos. El espíritu de la ley es que desde el sistema sanitario público se garantice. Porque no estamos fuera del sentir de la gente, no puedes mantenerte al margen de algo que ya está asumido por una buena parte de la sociedad. Y que, en cualquier caso, tampoco obliga a nadie.
Pero pueden surgir problemas. Los colegios de médicos ya han señalado que no hay una predisposición clara de los profesionales a participar. ¿Qué ocurriría si no hay profesionales que quieran practicarla?
De momento, no hemos tenido esa dificultad para contar con profesionales de distinto nivel y trayectoria con suficiente prestigio, y de distintas disciplinas y trayectorias: la enseñanza, la medicina, el derecho, la filosofía, la enfermería. Son todos de alta cualificación y reconocido prestigio que tienen que velar por que se cumpla la ley. Seguramente va a haber personas objetoras, aunque en el tema de la objeción yo le plantearía al público otra pregunta: uno no objeta a la eutanasia, uno objeta a que una persona que se encuentra en la situación que dice la ley, con una enfermedad grave, incapacitante, con un sufrimiento imposible de sostener para él, no reciba ayuda para que eso acabe. Si alguien que es mi paciente, que yo sé cómo está, cómo vive, cómo sufre, y me pide a mí que le ayude a morir con dignidad, yo voy a objetar. Ese sería el planteamiento. En cualquier caso, el Registro de Objetores garantiza que si un profesional no quiere participar en la atención directa de la eutanasia, lo puede hacer. O en un caso concreto, porque tenga vinculación con la persona.
Muchos dicen rechazarlo por convicciones morales o religiosas.
En su momento fue muy complicado la aplicación de la sedación y los cuidados paliativos, y hoy es algo absolutamente admitido, también por la Iglesia y por otros colectivos. De lo que se trata es de establecer, y esta ley lo consigue, en qué supuestos y qué profesionales pueden ayudar, y garantizarles que no van a acabar en un juzgado.
¿Cuándo funcionará el Registro de Objetores?
Lo va a hacer el Sescam y está muy avanzado, creo que a punto de publicarse. Pero tampoco hay una marea y una demanda que nos esté obligando a hacerlo deprisa.
¿Alguien ha manifestado ya que quiere ser objetor?
Sí, incluso hay sociedades científicas, y eso pertenece a la esfera de su derecho, que puede ejercer en las condiciones en que se tiene que tramitar la objeción. En otras Comunidades autónomas se está contemplando que la objeción se plantee en el momento en el que se produce la consulta.
Se lo digo en comparación con el aborto en la región, donde la mayoría de los médicos eran objetores y se tenía que externalizar la prestación.
Yo confío en que la sociedad avance lo suficiente. Creo que la Ley del Divorcio en su día fue duramente contestada y no voy a decir nada del matrimonio homosexual. Y afortunadamente, y lo digo sin ninguna acritud, personas que acudieron a las manifestaciones en contra del matrimonio homosexual hoy están felizmente casadas con una pareja de su mismo sexo, algo que me alegra muchísimo, y confío que eso va a ser así con otras cosas.
Los médicos, en unas reuniones previas con Sanidad, pidieron una Comisión de Seguimiento de la Ley de Eutanasia. ¿La cree necesaria?
En este momento, no, y en cualquier caso, si se viera que por volumen o por dificultades de tramitación fuese necesario, se podría crear en cualquier momento. La Comisión de Garantía y Evaluación, que se reunirá el próximo jueves, tiene entre sus funciones precisamente el seguimiento y la memoria anual de todo lo que se haga en Castilla-La Mancha. Yo creo que está suficientemente garantizado y algunas veces el hecho de que se participe mucho no redunda en una mejor eficiencia, solo en una dilatación excesiva.
¿Los componentes de la Comisión están lo suficientemente protegidos legalmente ante posibles denuncias?
Sus nombres han sido publicados en el Diario Oficial, como debe de ser, y están absolutamente cubiertos legalmente. Todos ellos lo hacen de manera altruista, con su mejor conocimiento.
¿A alguien ha rechazado pertenecer a la Comisión?
Sí, claro, y a mucha gente que ha dicho que quería pertenecer se le ha dicho que no. Ha habido colectivos, como los trabajadores sociales, que han expresado su disconformidad por no pertenecer a la comisión. Pero este no es un órgano de representación, no tengo que contar con las fuerzas vivas sino con expertos en bioética, conocedores de lo que es una patología crónica incapacitante e invalidante, conocedores de la ley, de los procesos, de los plazos, de los procedimientos, de la psicología de la persona que lo está pidiendo y si su situación es inamovible o es algo transitorio.
Llama la atención que en la Comisión haya filósofos con experiencia docente.
Hay dos cuestiones aquí, la ética de los cuidados, es una cuestión ética que conocen muy bien los filósofos. Por otra parte, la filosofía es una ciencia que conoce muy bien los foros de decisión, el debate, y queremos regular el debate en una comisión en que en algún momento tendremos que debatir sobre cuestiones de enorme importancia.
De momento, parece que no hay ningún caso sobre la mesa y que la ley no ha originado mucho revuelo. ¿Es esta una ley humana?
En Castilla-La Mancha tenemos mucha población envejecida, rural y con mucho apego a la tradición, y a la vez es una población muy sensata. En cuanto a si es una ley humana, le diré que es una parte muy importante de la humanización de la asistencia, del momento final de la vida. Nosotros trabajamos por la gente que sufre y les acompañamos en el final de la vida garantizando que puede morir de una manera digna.
Noticias relacionadas
