Un sindicato denuncia la llegada de trece asesores de Podemos con su entrada en el Gobierno regional
STAS asegura que supone un coste superior al medio millón de euros
El sindicato STAS ha criticado este lunes que la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha supone la creación de ocho puestos de asesores y cinco de libre designación, lo que supone un coste «superior al medio millón de euros».
En una nota de prensa, el sindicato ha criticado que el número de asesores se incrementa un 9 %, mientras que ha lamentado que el Ejecutivo regional impide «sistemáticamente» cualquier modificación de la plantilla que supone incremento de crédito.
«Y ahora nos presenta estas estructuras fantasmas y su único argumento ha sido que tenían que sacar a flote los presupuestos de 2017», ha criticado STAS, quien también ha cuestionado la utilidad de la nueva vicepresidencia segunda y de la Consejería que coordinará el Plan de Garantías Ciudadanas, cargos que ocupará la formación morada.
A su juicio, el objetivo del presidente regional, Emiliano García-Page, es seguir «disfrutando del trono», para lo que tiene que «facilitar consejerías (tronas) y asesores (juguetes) a García Molina y los suyos para tenerlos entretenidos» y que «les vote los presupuestos».
Ha añadido que «para rematar la faena», el secretario general de Presidencia, Rafael Perezagua, les ha dicho que «se tomarán medidas para minimizar los costes sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)» y cuando se le pregunta por esas medidas, «entre titubeos», les ha respondido que «no las tiene preparadas, que las prisas».
«Por lo menos se comprometió a que no reducirían partidas destinadas a otros puestos de la RPT, pero no transmitía credibilidad ninguna», ha continuado el STAS, que ha criticado que la actual RPT de personal funcionario se regula por un decreto de 1989, mientras que «algunos de sus puestos están ocupados por personas que nacieron después».
En este sentido, ha reprochado al Gobierno de García-Page haber «huido de la más que necesaria negociación de una revisión global de la RPT».
Para STAS, el Ejecutivo autonómico hace «el paripé de negociar modificaciones de RPT, que vuelven a ser parche sobre parche».
