El segundo semestre traerá una nueva convocatoria de los planes de empleo
La Ley de Bienestar Animal supone «inconvenientes» en la ganadería y en la caza
El Ejecutivo regional prepara, en colaboración con las diputaciones provinciales, la convocatoria de un nuevo plan de empleo dirigida a las entidades locales que se pondrá en marcha en el segundo semestre del año con el fin de seguir atendiendo principalmente a aquellas personas desempleadas en situación de vulnerabilidad , según anunció ayer el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.
En la reunión que el conjunto del Gobierno autonómico mantiene en Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real) para abordar la planificación de sus actuaciones y políticas en este último año de legislatura, Guijarro subrayó los buenos resultados obtenidos por las políticas de empleo puestas en marcha por el presidente Emiliano García-Page desde su llegada al Ejecutivo en 2015, pero la coyuntura económica exige un nuevo impulso.
Así, «por primera vez en la historia la tasa de paro en Castilla-La Mancha está por debajo de la media nacional», pasando además de un 27 por ciento al final del mandato del Gobierno de Cospedal, a un 13 por ciento en la actualidad. «Hemos reducido la tasa de paro, a pesar de la pandemia y de todo lo que está sucediendo a nivel internacional, a la mitad», aseguró.
Además, de cara a este último año de legislatura, el Gobierno de Castilla-La Mancha readaptará las acciones formativas que se impulsan desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para dar respuesta a las necesidades de mano de obra cualificada que trasladan las empresas de la región.
No parar la obra pública
Por otra parte, el vicepresidente ha señalado que el Ejecutivo autonómico está acometiendo una importante planificación para garantizar que las más de 900 obras que tiene en marcha en el conjunto de la región, financiadas por los fondos de recuperación y en ámbitos tan sensibles como la educación, la sanidad o los servicios sociales, «llegan a buen puerto a pesar de las turbulencias internacionales».
«Todos conocemos los problemas de incremento de costes de materias primas y su incidencia directa en la ejecución de todo tipo de obras, también la pública, pero hemos hecho un análisis de la situación y el mensaje que queremos trasladar es de tranquilidad», insistió Martínez Guijarro, al tiempo que subrayó que «no contemplamos la paralización de ninguna de las obras que tenemos en marcha».
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, volvió a cuestionar ayer el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal del Gobierno central al entender que «generará inconvenientes importantes en sectores importantes de la actividad económica de nuestra Comunidad Autónoma, como la ganadería o la actividad cinegética ».
Entre las alegaciones remitidas al Gobierno de la nación, Guijarro citó que no contempla un tratamiento diferenciado para animales que se dedican al pastoreo, la guarda o la actividad cinegética , sino que «se toman una serie de decisiones que perjudican a estas actividades y que muestran un desconocimiento de la realidad del medio rural».
Asimismo, Martínez Guijarro criticó que el texto incluye la prohibición de usar un animal para ninguna actividad en una edad inferior a los 18 meses , «cuando si se quieren usar para el pastoreo o la guarda, el proceso de aprendizaje debe iniciarse mucho antes».
Gran desacuerdo
El vicepresidente reiteró el «profundo desacuerdo» del Ejecutivo de Emiliano García-Page con el texto que «invade competencias de las comunidades autónomas» , toda vez que el margen del Estado es la elaboración de una ley de bases, de una armonización de la norma, «pero el anteproyecto va mucho más allá y excede con mucho las competencias que tiene en materia de bienestar animal».
Un anteproyecto de Ley que, según el vicepresidente, «rezuma una desconfianza brutal hacia el modo de vida del medio rural», está hecho «desde una visión urbanita que para nada tiene en cuenta la realidad del medio rural» y que impone obligaciones a comunidades autónomas y ayuntamientos «pero no contempla financiación para ello».
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