VIVIR TOLEDO
Un palacio de Justicia. Del Consistorio al Deanato (1882-1927)
El primer Tribunal de lo Criminal en Toledo tuvo una precaria cuna antes de cambiarse a una nueva, pero exigua, finca que sería la Audiencia Provincial
En el reinado de Alfonso XII, siendo ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez -un curtido político desde la época isabelina-, se aprobó por un Real Decreto, de 14 de septiembre de 1882, la Ley de Enjuiciamiento criminal , fuente de nuevas disposiciones como fueron el régimen de los juicios oral con público o los tribunales colegiados. En octubre se fijaron noventa y cinco Tribunales y Juzgados de lo Criminal en España que debían actuar desde enero de 1883. En la provincia de Toledo se crearon dos. El de Talavera de la Reina, que entendía sobre cuatro partidos judiciales de la provincia, se ubicó en el llamado palacio de la Vicaría. En cambio, el de Toledo, del que dependían los otros ochos juzgados de partido, nacería sin tener una sede propia.
La corporación toledana, presidida por Antonio Bringas, buscó y desechó varios edificios hasta adquirir, frente al palacio municipal, la histórica Casa del Deán por 42.500 pesetas. En tanto se legalizase la operación y se efectuasen las debidas reformas, se solicitó al Ministerio instalar al Tribunal de lo Criminal en la Sala Capitular de la planta alta de las casas consistoriales La respuesta fue positiva, como también el poder enajenar títulos de la Deuda, por valor de 125.000 pesetas, a fin de cubrir un presupuesto extraordinario para las obras y todo el equipamiento necesario. Su plantilla reunía un presidente, un fiscal, un abogado fiscal, dos magistrados, un teniente fiscal, un secretario, un oficial primero, un portero, dos alguaciles y un mozo. El 2 de enero de 1883 quedó inaugurado formalmente el Tribunal presidido por Arsenio Ramírez de Orozco y Bofarull. El día 22 allí aconteció el primer juicio oral con público que, según una gaceta, «guardó la más respetuosa compostura». Desde entonces la prensa seguiría, día a día, los señalamientos, las vistas y los fallos de sonados casos que forjaron parte de la «crónica negra» toledana recuperada por Enrique Sánchez Lubián en el suplemento Artes & Letras Castillla-La Mancha del diario ABC, entre 2017 y 2020.
La hora de los especuladores
La citada Casa del Deán quizá datase de siglo XV del que aún quedaba, a principios del XX, una cegada portada gótica frente a la Catedral. En las imágenes románticas de Villaamail o Friedrich Eibner se atisba su antigua fachada a la plaza del Ayuntamiento. En 1858, el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo anunció la subasta del desamortizado inmueble que se describe con gran precisión. En la planta baja existía un portal solado con pizarra, cochera, cuadra, varias estancias y un jardín central y un patio lateral. La planta alta reunía varias estancias con balcones a las calles colindantes. También disponía de cocina, sótanos y otros servicios.
Julio Porres (1965) reseñó la falta de datos referidos al comprador de tan extensa finca (816 metros cuadrados) en pleno centro de Toledo. Hemos hallado que, en enero de 1882, pertenecía a Francisco de las Rivas y Urbieta, I marqués de Mudela, industrial de copiosa fortuna, especulador de bienes desamortizados, diputado y senador. En Toledo fue dueño de otro antiguo predio catedralicio: el palacio del Canónigo Obrero en la plaza de la Cabeza, hoy Abdón de Paz. Este caserón lo revendió, en 1877, al coronel Agustín Montagut de Félez , que lo destinaría inmediatamente para instalar un «colegio y academia de preparación para las carreras militares».
Cuando el Ayuntamiento aprobó comprar el antiguo Deanato en 1882 quedaba atrás el rechazo para el mismo fin del referido inmueble de la plaza de la Cabeza, propiedad de Montagut, por cierto, concejal de la corporación. Éste había fijado la venta por 45.000 pesetas pagaderas en tres plazos. Después, más rebajada, la cedería a la Diputación para ubicar la Normal de Maestros, lo que contamos en otra ocasión (8/12/2020). Digamos que, en el mismo año de 1882, la Casa del Deán pasaría por dos dueños, pues, en enero, el acaudalado Francisco de las Rivas la traspasó a Romualdo Cesáreo Sanz Escartín , militar partícipe en la Tercera Guerra Carlista, diputado y senador por Navarra (entre 1891 y 1920) que, por cierto, también dirigió en Toledo, hasta 1911, otra academia preparatoria en la bajada del Pozo Amargo. Así pues, fue Sanz quien trasfirió, en enero de 1883, el antiguo edificio del Deanato a la Ciudad, pudiéndose iniciar ahora su reforma.
Juzgados itinerantes
Las obras del futuro Palacio de Justicia las planificó el arquitecto municipal Juan García Ramírez, estimando un plazo de seis meses en su ejecución, pero que se alargó hasta cuatro años. Mientras, la estancia «provisional» del Tribunal de lo Criminal en la planta alta del Consistorio motivaba quejas de los magistrados cuando la galería -donde estaba el Archivo Municipal - se empleaba en cualquier tarea ajena a la judicatura.
A medida que se modificaba la mansión del Deán se revelaba la debilidad de los muros y de la crujía del gran salón elegido para celebrar los juicios orales. En 1886, en lo que fue la capilla del Deán se ubicó el Juzgado Municipal que, de siempre, funcionaba en los propios domicilios de los jueces. En marzo de 1887 tuvo lugar la recepción de la obra del Palacio de Justicia que, según El Nuevo Ateneo , reunía las «condiciones que satisfarán a los más exigentes». Sin embargo, a causa de un cambio administrativo de 1892 que suprimió varios tribunales, entre ellos el de Talavera , llevó a concentrar todas las funciones en el de Toledo que, en 1893, se consideraría ya como Audiencia Provincial. Aquello implicó más obras y gastos para el funcionamiento de los juzgados, siempre a cargo del ayuntamiento, inmerso en renovar los servicios de abasto -Matadero y Mercado (1892)-, el Cementerio (1893), albergar el Colegio de Huérfanos de la Infantería (1894) y participar en las obras del Alcázar incendiado en 1887.
A principios del siglo XX, la nueva sede judicial reunía la Audiencia Provincial y los colegios de abogados y procuradores, llevándose el Juzgado de Primera Instancia a un inmueble propiedad del Banco de España hasta que éste lo enajenó. El Juzgado Municipal también fue desplazado a otra finca privada que, junto a la anterior, en 1927, generaban un gasto de 5.000 pesetas anuales como exponía el alcalde Fernando Aguirre al Ministerio de Gracia y Justicia. La situación llevó a la Ciudad a pedir ayudas al Gobierno para lograr un nuevo palacio, en «un solo predio», que reuniera todos los tribunales, colegios y dependencias auxiliares igual que en otras capitales. Eso sí, se pedía que la Audiencia continuase en el mismo emplazamiento, lo que hermosearía «la amplia plaza del Ayuntamiento». A finales de 1927, la Corporación ya tenía realizado un anteproyecto cuya ejecución nadie imaginaba que iba recorrer otra larga etapa de cambios hasta más allá de 1950.
