UNIDOS PODEMOS
«No vamos a dejar que nos haga la política gente ajena a lo que pasa en la calle»
Entrevista con Gloria Elizo, cabeza de lista de la candidatura de Unidos Podemos al Congreso de los Diputados por Toledo
En las anteriores elecciones del 20 de diciembre, Gloria Elizo fue la única parlamentaria que Podemos sentó en el Congreso de los Diputados en representación de Castilla-La Mancha, en concreto, por Toledo. Este domingo parece que no será la única. Licenciada en Derecho, ha sido jueza y ha defendido al partido de varias querellas que su partido ha recibido . Ahora tendrá que defender al pueblo español desde el Parlamento.
—En su perfil de la página web de Podemos se define como «pura lucha como mujer, como madre y como ciudadana». ¿Habrá que luchar mucho después de las elecciones para formar gobierno?
—Yo creo que sí. Lo que los ciudadanos hemos percibido durante los últimos años es que no había que dejar la reivindicación. La ciudadanía tiene derecho a la participación política, a estar en las calles y reivindicar qué tipo de política quiere. Después del 15-M, no vamos a dejar que nos hagan la política gente ajena a lo que pasa en la calle. Desde esa perspectiva, es fundamental que, sea quien sea el que gobierne el 27 de junio, los ciudadanos tenemos que ser conscientes de la importancia de luchar en las calles y saber qué tipo de país queremos.
—Hablando de lucha, en este caso contra la corrupción, usted participó de forma activa en las elecciones de 2015, coordinando el programa de anticorrupción y poder judicial. ¿Cree que en España existe una verdadera independencia judicial para luchar contra este tipo de delitos?
—Son dignos de alabanza los jueces que han estado luchando durante estos años para reivindicar esa independencia judicial. Yo creo en la independencia de cada juez, que es libre para dictar una sentencia, pero no en la independencia dentro de los órganos judiciales. Es un gran error la forma de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, algo que ha sido clave para entender lo que ha pasado durante los últimos 30 años, desde que en 1985 Alfonso Guerra dijera «Montesquieu ha muerto». Ahora nos encontramos con que es muy difícil luchar contra la corrupción y hacer un cuerpo legislativo honesto y justo, si no tenemos un poder judicial que haga cumplir esas leyes.
—La corrupción es el segundo problema de España, según el último barómetro del CIS. ¿Qué hará su partido para luchar contra ello?
—Hay dos niveles de lucha contra la corrupción: uno preventivo y otro punitivo. En el plano preventivo, nosotros apostamos por la transparencia en la administración y la contratación. No hay mejor fiscalización que saber cómo se producen las contrataciones que hace el Estado o cualquier administración, los partidos, las empresas y los ciudadanos en general. Y, por lo que se refiere a la parte punitiva, entendemos que hay deficiencias muy serias en el cuerpo legal para que se puedan castigar conductas que todos hemos percibido como claramente corruptas. La corrupción es la otra cara de la moneda de la crisis económica porque, según informa la Comisión Nacional de la Competencia, en España se han perdido 48.000 millones de euros al año por casos de corrupción, un dinero que se podría haber destinado a servicios públicos y haber evitado así los recortes.
—Usted defendió a su partido en las querellas que recibió por la presunta financiación de Venezuela. ¿Qué hay de realidad en estas acusaciones?
—No hay absolutamente nada. Y no lo decimos nosotros, sino el Tribunal Supremo. Ha habido hasta cinco querellas en las que se acusa a Podemos de financiación ilegal con dinero procedente de Venezuela. Lo que han dicho los magistrados del Supremo y la Fiscalía de este órgano es que no hay indicios suficientes que puedan siquiera acreditar una línea de investigación en ese sentido. No ha sido necesario abrir diligencias porque no ha habido ninguna prueba que demuestre los hechos que se denuncian, mientras que el Partido Popular se encuentra investigado e imputado como responsable civil en algunas diligencias previas. Todas las acusaciones se han basado en una utilización política de una falsedad absoluta, ya que Podemos solo se financia con las aportaciones de la gente y está fuera del control de entidades financieras o de cualquier otro tipo de intereses.
—En todo caso, ¿qué opina de la situación que se vive en Venezuela?
—Es una situación preocupante, ya que hay un poder ejecutivo confrontado con el poder legislativo, la Asamblea venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso, creo que es innecesaria la intervención internacional y estoy de acuerdo con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, cuando dijo que había que dejar que el país resuelva sus propios problemas.
—«Bolivarianos, populistas, radicales, extremistas, antisistema, anticapitalistas, comunistas...» Estos son algunos de los calificativos que reciben. ¿Está de acuerdo con alguno de ellos?
—En absoluto. Podemos nace para hacer políticas de sentido común. Lo que ha pasado desde las últimas elecciones europeas es que esta formación ha ocupado un espacio político muy por encima de las expectativas. Por eso, el resto de partidos lo que ha hecho es atacarnos de forma constante. Nuestro programa es claro y está basado en una memoria jurídica y una memoria económica, planteando una serie de medidas necesarias para revertir las políticas de austeridad, los recortes y las desigualdades.
—¿Y con el de socialdemócrata?, tal y como se ha definido Pablo Iglesias.
—Yo creo que hay superar las viejas etiquetas del siglo XX. Hay políticas del sentido común y que se dirigen a una mayoría social, que se han cambiado en los últimos años por otras que han beneficiado a un sector muy pequeño de la población española. Todas esas políticas dirigidas a una mayoría han coincidido generalmente con gobiernos socialdemócratas europeos y norteamericanos.
—¿Ve a Pablo Iglesias de presidente?
—Después de las elecciones del domingo existe la posibilidad de formar un gobierno progresista y de coalición. Nosotros hemos planteado, en esta corta campaña electoral y durante la corta legislatura posterior al 20-D, que aquel partido político que tenga mayor número de votos lidere la formación de gobierno. Es, por eso, que Pablo Iglesias puede abordar técnica y honestamente la formación de un gobierno en España.
—Usted fue la única diputada que Podemos consiguió el 20-D en Castilla-La Mancha. Ahora algunas encuestas les llegan a dar incluso cuatro diputados en la región con Unidos Podemos. ¿Pecaron de prepotencia en los anteriores comicios al obviar los votos de IU?
—A Podemos no se le puede acusar de prepotencia. En las anteriores elecciones concurrimos junto con Equo, Compromís, En Comú Podem y las Mareas, por lo que la confluencia fue amplia. Con Izquierda Unida no se pudo llegar a un acuerdo porque el momento político no era el propicio. Pero no se nos puede acusar de prepotencia, teniendo en cuenta que llegamos a un acuerdo con cinco formaciones. A partir de lo que pasó el 20-D, llegamos a un acuerdo también con IU y el próximo domingo tenemos una oportunidad histórica en beneficio de la sociedad española.
—¿Cree que es posible a nivel nacional un pacto parecido al que existe en el Gobierno de Castilla-La Mancha?
—Unidos Podemos es la única formación que ha expresado claramente lo que quiere a partir del 26-J, que es un acuerdo con el PSOE para formar gobierno, ya que su programa es el único que se identifica con políticas sociales y de sentido común. A pesar de los esfuerzos hechos durante esta legislatura para elaborar un programa de gobierno progresista, creemos que ahora es el momento de que los socialistas lo reconozcan. Por eso, es tan importante superar en votos al PP y estar por encima del PSOE en votos, ya que Podemos es el único partido que garantiza un gobierno progresista.
—Si sale elegida diputada, ¿cuál sería la primera propuesta sobre Toledo o Castilla-La Mancha que llevaría al Congreso de los Diputados?
—Somos conscientes de las dificultades que atraviesan muchas familias españolas y, por eso, creemos que es prioritario una ley de rescate ciudadano, que entendemos que es fundamental para revertir ciertas situaciones de pobreza extrema en los primeros días de gobierno. El poder legislativo debe contemplar medidas urgentes para evitar los desahucios o para atender sanitariamente a todas las personas que viven en España.
—Uno de los principales problemas que afectan a la región es el trasvase Tajo-Segura. ¿Llevará al Congreso de los Diputados alguna propuesta sobre este asunto?
—Es necesario llegar a un acuerdo en política hídrica integral a nivel nacional, y no regional. No estamos de acuerdo con otras formaciones políticas que dicen una cosa en Valencia o Murcia y otra muy distinta en Castilla-La Mancha. Hay que aunar intereses y dirigir las políticas a que el aprovechamiento de los ríos tenga como prioridad el consumo y los riegos. Además, estamos en contra de las externalizaciones de la gestión de agua, cosa que se consigue con una política honesta dirigida a que el agua esté por encima de los intereses partidistas.
