Los herederos de Guerrero Malagón, decididos a rescindir el contrato con la Diputación

Dan un plazo de tres meses para que las obras cedidas en 2015 sean expuestas

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María José Muñoz

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En mayo de 2015 la familia del pintor Cecilio Mariano Guerrero Malagón , fallecido en 1996 (el 1 de febrero hubiera cumplido 111 años), cedió de forma gratuita a la Diputación de Toledo 189 óleos del artista para que fueran expuestos. ABC ha hablado con su nieto, Jorge Moraleda.

—¿Por qué no se ha expuesto la obra de su abuelo después de casi cinco años desde la firma del convenio?

—Desconocemos los motivos por los que no se ha llevado a cabo el traslado de las obras, última fase previa a la exposición de la colección. Transcurridos dos años desde la firma del contrato de cesión sin tener ninguna noticia, y a través del registro oficial de la Diputación, presentamos el 25 de mayo de 2017 un escrito solicitando de manera formal información acerca de la voluntad de la Diputación sobre este asunto, sin que a día de hoy hayamos recibido contestación alguna. No obstante, en la misma fecha solicité una entrevista con el actual presidente de la Diputación y se me remitió al responsable de Cultura. Me cité con él y conocía perfectamente las circunstancias del acuerdo. Me manifestó su voluntad de modificar algunas de las claúsulas del acuerdo, tales como la ubicación, o el hecho de no exponer toda la colección de forma conjunta sino de forma parcial buscando una conexión temática entre las distintas obras, a todo lo cual le comuniqué nuestra voluntad de colaboración para lograr finalmente que los cuadros quedaran expuestos, emplazándonos a vernos, sin que posteriormente fueramos citados a reunión alguna.

—A los pocos días de firmarse aquel convenio se celebraron elecciones municipales, y la Diputación de Toledo cambió de signo, del PP al PSOE. ¿Cree que esta circunstancia tiene algo que ver?

—No sabría contestarle a esta pregunta. De hecho, nosotros consideramos apropiado esperar desde la firma del contrato hasta que los nuevos dirigentes políticos estuvieran asentados y conociesen todos los problemas que la Institución plantea. No fue, como le he indicado, hasta dos años después, cuando a iniciativa nuestra les requerimos para conocer su disponibidad. Sí podría decirle que me parecería muy grave que por las circunstancias que usted menciona no se haya ejecutado el acuerdo ni se nos hayan dado explicaciones. Lo que sí quiero poner de manifiesto es la inacción de los actuales dirigentes. La cultura debería estar por encima de la política, así como el interés y beneficio que para los toledanos y castellano-machegos supone disponer de una colección que engrandecería aún más el patrimonio artístico de la ciudad por el que tanto luchó mi abuelo. También, el actual presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, de forma pública y antes de las elecciones en las que resultó elegido alcalde de Toledo, se comprometió a crear un museo en Toledo para Guerrero Malagón , negociaciones que se llevaron a cabo en su momento. Le recuerdo también que mi abuelo fue miembro de número de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Todo esto debe saberlo la opinión pública y ustedes, los periodistas, deberían encargarse de fiscalizar la labor de los políticos.

—¿Se ha plenteado la familia llevar a cabo alguna acción?

—Me gustaría que desde aquí la Diputación de Toledo, y en su caso sus responsables, tomaran conciencia de lo que supone perder una oportunidad de este calibre. Por tanto, de forma pública deseo manifestar que si en el plazo de tres meses no tuvieramos una contestación oficial por parte de la Diputación de Toledo, de acuerdo a lo previsto en la Claúsula Décima del contrato firmado el 18 de mayo de 2015 entre dicha institución y los herederos de Guerrero Malagón, se extinguirá dicha relación contractual poniendo fin a este limbo jurídico.

—La cotización de la obra de Guerrero Malagón sigue al alza en el mercado del arte. ¿Si se rescinde el contrato podría la familia venderla?

—La cesión gratuita de las obras, aún temporal por 10 años, preveía la posibilidad de prorrogarse por plazos iguales de forma indefinida. Suponía nuestra renuncia a su comercialización, por lo que si finalmente no se llevara a cabo dicha cesión, valoraríamos diferentes ofertas de otras instituciones públicas o privadas a nivel nacional.

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