Estafan más de un millón de euros a 156 víctimas en un timo inmobiliario en Toledo y en Fuenlabrada
La Policía Nacional ha detenido al cabecilla, un escurridizo y acaudalado vecino de La Coruña, después de quince meses de investigación
También han sido arrestados sus dos lugartenientes, un toledano de 36 años y una coruñesa de 42, además de investigar a un valenciano de 47
Se habían especializado en engaños inmobiliarios y, en su último gran golpe, el botín acumulado fue suculento: más de un millón de euros estafados a 156 víctimas. Éstas siempre creyeron que estaban realizando un negocio legal, a través de una asesoría de Toledo y otra agencia inmobiliaria de Fuenlabrada (Madrid), cuando pagaban la señal de un inmueble a bajo precio que, en realidad, no existía.
Después de quince meses de investigación, que arrancó en marzo de 2019, la Policía Nacional ya ha parado los pies al grupo criminal, compuesto al menos por cuatro españoles. Los arrestados en la Operación Fuenteovejuna, que sigue abierta, son dos coruñeses, un hombre de 48 años y una mujer de 42; un toledano de 36 y un valenciano de 47. Los tres primeros, el jefe y sus lugartenientes, han sido detenidos, mientras que el cuarto está investigado. El cabecilla, un gallego acaudalado y escurridizo, ha ingresado en prisión.
Para dar credibilidad a su estafa, presentaban documentos mercantiles falsos con los que pretendían acreditar que los inmuebles que ofrecían eran de su propiedad. Fingían ser empresarios con una cartera de 40.000 viviendas procedentes de entidades bancarias. Luego las inmobiliarias, siempre solventes y ya embaucadas por estos individuos, eran los intermediarios legales perfectos para captar clientes y, a la postre, víctimas.
Entre 1.000 y 3.000 euros de señal
En Toledo engañaron a 26 personas, que siempre tuvieron la percepción de que estaban haciendo un negocio legal: iban a comprar un inmueble a un bajo precio. Lo mismo les sucedió a las 130 personas perjudicadas en Fuenlabrada. Pagaron una señal legal, para reservar una futura propiedad ficticia, que oscilaba generalmente entre los 1.000 y los 3.000 euros, aunque hay casos en los que esa cantidad fue superior, según los investigadores.
La operación policial arrancó en Toledo, cuando varias víctimas contaron a la Policía Nacional que un conocido les había ofrecido la compra de viviendas por un precio muy ventajoso. El único requisito era abonar una señal de 1.000 euros. Los agentes que se encargaron del caso llegaron a una asesoría de la ciudad que los estafadores estaban utilizando para las viviendas, lo que permitió a los investigadores identificar a las primeras 26 víctimas.
Pero los policías pronto supieron que los tentáculos de estos estafadores habían llegado a Fuenlabrada, donde emplearon otra agencia inmobiliaria para engañar a 130 personas más.
La pista gallega
Identificados los miembros del grupo criminal, uno de los lugartenientes, el toledano de 36 años, fue detenido el 28 de noviembre. Sin embargo, el cabecilla y la mujer estuvieron en paradero desconocido durante meses.
La Brigada Provincial de Toledo, al frente de la operación, supo que la pareja se podía esconder en La Coruña, por lo que agentes de la ciudad gallega entraron en la investigación. Un dispositivo policial los buscó durante seis meses porque el cabecilla tenía el apoyo logístico suficiente para cambiar constantemente de domicilio y ocultarse en una zona que conoce muy bien. Esto dificultó mucho la localización de ambos y su detención, en La Coruña, solo con dos días de diferencia. La mujer fue arrestada el 17 de junio y el cabecilla, el 19.
Para entonces los policías que siguieron la pista al cabecilla ya sabían que su sospechoso, al que buscaban tres juzgados por estafas similares, era un tipo acaudalado. Gracias a unas averiguaciones de la Policía Judicial de Algeciras, a petición de un juzgado andaluz, los agentes conocieron un dato revelador: el líder de la banda había amasado un patrimonio que superaba los 10 millones de euros, «con un incremento inusual» según los investigadores. Para ello había diseñado un entramado de empresas, en las que utilizaba también testaferros o personas de paja, tras el que ocultaba 351 inmuebles, valorados en unos 12 millones, y 52 vehículos, la mayoría de alta gama.
Durante la operación se supo que el cabecilla tenía igualmente cajas de seguridad en entidades bancarias, con lo que la Policía podría abrir ahora otra línea de investigación.
