Abogados de Toledo muestran su «total rechazo» al convenio de atención jurídica a las víctimas sexuales

Aseguran que la asistencia prevista ya se presta

El convenio está suscrito por el Instituto de la Mujer de la región con la entidad privada «Anformad» Colegio de Abogados

ABC

El Colegio de Abogados de Toledo ha mostrado este viernes su «total rechazo» al convenio suscrito por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con la entidad privada «Anformad» para establecer un servicio de atención gratuito a víctimas de agresiones sexuales que prestará tantos servicios psicológicos como jurídicos.

Los abogados de Toledo han señalado en un comunicado de prensa que la asistencia prevista en dicho convenio ya se presta a las víctimas de agresiones sexuales por parte del turno de oficio y según la ley de asistencia jurídica gratuita, así como a través del convenio entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, ha destacado que el convenio entre la Junta de Comunidades y el Consejo de la Abogacía está dotado de 20.000 euros y no de 230.000 , que es la cantidad que ha dado el Instituto de la Mujer como «subvención directa» a la asociación privada, ha criticado.

Del mismo modo, el Colegio de Abogados ha insistido que ya se presta el servicio de defensa en juicio a todos los colectivos que contempla el nuevo convenio, tanto a las mujeres víctimas de violencia doméstica, sexual o de violencia ejercida por terceras personas a instancias del maltratador, empadronadas en la región, como a las personas sometidas a trata con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual.

Igualmente, la institución colegial ha defendido que son los colegios de abogados, en su condición de corporaciones de derecho público, los que tienen competencias en materia de justicia gratuita como se prevé en la ley, por lo que no se puede calificar de justicia gratuita la asistencia que ofrecen determinadas asociaciones privadas, ha advertido.

Por todo ello, la institución colegial de Toledo ha rechazado «el intento del Instituto de la Mujer de obviar a los colegios de abogados de la región privatizando la prestación de la asistencia jurídica gratuita bajo el falso argumento de que los profesionales del turno de violencia carecen de la especialización necesaria», ha concluido.

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