La región perdió 4.839 empleados públicos en el segundo semestre de 2016

Castilla-La Mancha perdió en el segundo semestre del pasado año 4.839 empleados públicos según los datos recogidos por el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas a enero de 2017, publicación que edita el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lejos de revertirse la destrucción de empleo en la Función Pública se constata que la región ha perdido 4,6 trabajadores públicos al día en los últimos ocho años . En la actualidad la comunidad autónoma cuenta con 118.021 adscritos al sector público; Administración Local y Sanidad son los ámbitos más afectados, mientras que la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma presentan descensos menos significativos.

La Administración Local supone el porcentaje más alto (-21%) de destrucción de empleo con 8.210 trabajadores menos, seguido por la Sanidad (-5.5%) con 1.435 puestos de trabajo perdidos. En la Universidad de Castilla-La Mancha se constatan 321 empleados menos y 260 en la Administración General del Estado.

La Administración General de la Comunidad Autónoma (personal adscrito a las consejerías y organismos autónomos) ha crecido en 37 personas y la docencia no universitaria ha aumentado en 5.332 , número que corresponde a la contratación de los interinos despedidos en verano siendo Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma que continúa con esta práctica.

Por provincias, Toledo es la que mayor número de empleados públicos ha perdido con 1.587; Ciudad Real cuenta 1.556 trabajadores menos; Albacete ha registrado 1.363 personas menos en la Función Pública; en Cuenca se han perdido 167 empleos; en Guadalajara, 166.

Para CSIF, esta disminución del número de empleados públicos supone una merma fundamental en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y muestra asimismo la temporalidad a la que está sujeta la Función Pública en la región. El envejecimiento de las plantillas, deficitarias en número, obliga a realizar una apuesta firme por parte de los representantes políticos para garantizar el sostenimiento del sector público y, en definitiva, de la sociedad de bienestar.