La Junta incorpora a partir de este viernes a 123 interinos despedidos en 2012
Trabajarán principalmente en las áreas de bienestar social, sanidad, educación y vivienda
El Gobierno de Castilla-La Mancha incorporará a partir de este viernes a 123 interinos despedidos en agosto de 2012 que trabajarán, principalmente, en las áreas de bienestar social, sanidad, educación y vivienda para «fortalecer la prestación de los servicios sociales en la región». Estos trabajadores serán informados por carta de que tienen un plazo de tres días, entre este viernes y el próximo martes 15 de diciembre, para reincorporarse a la Administración regional, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Su readmisión, tal como explicó el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina , se producirá respetando la localidad en aquellos puestos que necesitan ser cubiertos y se reforzarán las plantillas que prestan servicios sociales en la región tras «los recortes de personal que sufrieron en la pasada legislatura».
Así, el mayor número se reincorporará a las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad, un total de 37, que trabajarán en centros de atención a discapacitados, centros de mayores y centros de tratamiento de drogodependencia, entre otros.
A la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se sumarán otros 34 de los 123 interinos que, en este caso, cubrirán las necesidades de personal de bibliotecas públicas, institutos y escuelas infantiles.
Para reforzar los servicios que presta la Junta de Comunidades en materia de vivienda, se incorporarán 30 interinos a la Consejería de Fomento.
Además, un grupo de 22 interinos se sumará al personal con el que cuenta la C onsejería de Hacienda y Administraciones Públicas para mejorar el servicio de recaudación tributaria.
Los 123 interinos que se reincorporan a la Administración regional fueron despedidos en agosto de 2012 por el anterior Ejecutivo autonómico, decisión que recurrieron los sindicatos.
E l Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declaró nulos los despidos al considerar que el Gobierno regional había vulnerado el derecho a la negociación colectiva.
El fallo, recurrido por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, fue ratificado por el Supremo, si bien el Ejecutivo regional tras readmitirlos, los volvió a despedir de nuevo.
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