Buenos con los malos, malos con los buenos

Es evidente el desafecto de los ciudadanos con el sistema penal español. Tanto el que legisla, como quienes deben aplicar las normas legales, están cuestionados por muchos de los que padecen a la delincuencia, que afecta gravemente a sus derechos. Los estudiosos del asunto siguen debatiendo sobre si es bueno legislar en caliente, tibio o frío; el caso es seguir mareando la perdiz. Discuten sobre si son galgos o podencos, mientras en las casas siguen robando y la Policía deteniendo ladrones profesionales que se benefician de una inflamación de garantías. Los teóricos de la vida ajena siguen escudriñando los renglones de la interpretación para desvirtuar los objetivos fundamentales de las leyes, entre otros, proteger a los ciudadanos del delito y garantizar que vivan en paz.

Ya es hora de afrontar los problemas con rigor. Nuestra delincuencia, que ha seguido actuando con naturalidad, se ha visto reforzada por una legión de profesionales que han descubierto la debilidad penal española. Saben que tienen una protección legal excelente, que les garantiza un trato policial exquisito, un asesoramiento muy comprometido con los malos y la generosidad de quienes deben decidir sobre su futuro más o menos inmediato. Con ese bagaje de ventajas les merece la pena robar en las casas ajenas.

La prisión preventiva, que es una medida cautelar, sigue siendo cuestionada por quienes mantiene la teoría del que no sufre ni padece. Los expertos insisten en considerarla una pena anticipada, porque de ese modo se justifican para no echar toda la carne en el asador. Los efectos que están produciendo los robos en domicilios en miles de familias no tienen la graduación suficiente como para aplicarla sistemáticamente e impedir la reiteración de los esos delitos.

Los ladrones profesionales, detenidos con las manos en la masa o aderezados de indicios perfectamente contrastables en el procedimiento oral, no deberían irse a su casa para esperar los juicios. Les estamos otorgando ventajas injustas en detrimento de los bienes y derechos de tantos afectados por esa lacra.

Es curioso comparar argumentos para entender interpretaciones. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, en ocasiones, sirve para negar una orden de entrada y registro judicial interesada por la Policía, porque cuestiona el equilibro de derechos invocados. Precisamente por eso, cuando hablamos del sagrado derecho a la inviolabilidad suponemos que una agresión ilegal, añadida al despojo de bienes, debería ser considerada como suficiente para decidir la prisión preventiva, sin remilgos.