TOLEDO FINGIDO Y VERDADERO

La instalación del Colegio General Militar en Toledo (1)

La llegada del Colegio General Militar en 1846 cambió la vida de una ciudad dormida

Planos de los cuatro pisos del Hospital de San Juan Bautista de Toledo. Blas Teruel, 1815. Cartoteca histórica del Centro Geográfico del Ejército. MDE: Ar.E-T.8-C.4_184.

José Luis del Castillo

Se viene manteniendo que una de las funciones urbanas que caracterizan Toledo es la militar. Se trata, sin embargo, de una característica surgida hace poco más de ciento cincuenta años. Iría cobrando fuerza a lo largo del siglo XIX junto a las funciones administrativa y cultural o turística, aún de plena vigencia, a partir de la instalación en 1846 del primer centro de formación militar ubicado en la ciudad en época contemporánea, el Colegio general militar. El evento contribuiría a cambiar la fisonomía social y, sin duda, a impulsar el desarrollo de lo que era una oscura y dormida capital provincial de segundo orden sumida en el abandono. Pero fue también un negocio arriesgado para algunos, que acarrearía considerables costes y sacrificios para muchos.

Precedentes del Colegio

Ya antes de 1846 hubo intentos de traer a Toledo un centro de enseñanza militar. Como recuerda José Luis Isabel , el principal investigador y mejor conocedor de la historia de los centros toledanos de instrucción militar, recién finalizada la guerra napoleónica, en 1815, se proyectó la traslación a nuestra capital de la academia que venía funcionando en la gaditana isla de León, emplazamiento actual de la localidad de San Fernando. Se pretendía situar en un lugar del centro peninsular al centro de formación de oficiales instituido en 1809 a partir del Batallón de Voluntarios organizado un año antes por la Universidad de Toledo para enfrentarse a la invasión napoleónica y poner a Fernando VII en el trono. Al objeto de reconocer los edificios que pudieran albergar la escuela militar de cadetes del Ejército, se desplazó a Toledo una comisión de estudio, encabezada por el Brigadier Blas Teruel. Se interesaron, entre otros, por el palacio del Alcázar, el cuartel de San Lázaro (posteriormente sede, entre otros organismos militares, del Colegio de Huérfanos de la Infantería María Cristina , nombre que conserva el hotel que hoy ocupa su solar) y el hospital de San Juan Bautista, comúnmente conocido como de Tavera. El estado ruinoso en que se encontraba el primero, tras el incendio provocado en 1810 por los ocupantes franceses, llevó a desecharlo. Fueron, por el contrario, considerados aptos tanto el hospital como el cuartel, de los que levantaron planos. En ellos, el 9 de septiembre de ese 1815, dispuso el Ministro de la Guerra, Francisco Ballesteros , que se ubicara la institución. A su vez, el día 18 del mismo mes fue nombrado director de la escuela el General del Cuerpo de Ingenieros Carlos Cabrer Rodríguez. Su puesta en funcionamiento se vería, sin embargo, impedida por la pronta deriva absolutista de Fernando VIl, que de ser el «deseado» pasó a «rey felón». El General Ballesteros fue destituido como Ministro de la Guerra a finales de octubre y abandonado en ciernes el proyecto, dada la orientación liberal de sus promotores.

Nuevas gestiones

Los acontecimientos de la primera guerra carlista, durante la que se disputaron el trono, desde la muerte de Fernando VII en 1833 hasta 1839, los partidarios de su hermano, Carlos María Isidro de Borbón , y los de su hija Isabel, van a llevar a recuperar la idea de instalar en Toledo el centro de formación que acabaría siendo llamado Colegio General Militar . Quienes lanzasen la idea serían ahora, al contrario que en 1815, personalidades toledanas, todos adeptos a la causa de Isabel II y de María Cristina de Borbón , su madre, respectivamente proclamadas reina y regente por la Constitución de 1837. Eran propietarios de talante tanto conservador como progresista moderado, unos y otros procedentes de la nobleza o de la burguesía provinciales y beneficiarios del proceso desamortizador y de los privilegios otorgados a los mayores contribuyentes en las recientes instituciones liberales, en particular Ayuntamientos y Diputación provincial.

En agosto de 1837, poco después de aprobada la nueva Constitución y tras la salida de Segovia del Colegio General, derivada de la toma de la ciudad por los carlistas, y su retirada a Madrid, la Diputación de Toledo, constituida un año antes de acuerdo a las disposiciones liberales, va a solicitar del Ministerio de la Guerra, presidido por el general Espartero, el traslado de la escuela a Toledo. Podría interpretarse como un intento de asegurar su defensa, dado que la petición coincidía con momentos en que el conflicto bélico, extendido por toda la provincia, amenazaba directamente a la capital. Eran circunstancias que suponían un grave peligro para la continuidad del Colegio y que impedían, por tanto, que la solicitud fuera atendida hasta acabada la guerra, como lógicamente hubo de ocurrir. Por el contrario, en octubre de 1839, terminado oficialmente el enfrentamiento civil, el Gobierno moderado de Evaristo Pérez de Castro por fin se hizo eco de la demanda de la Diputación, que designó a Jerónimo del Hierro, Vizconde de Palazuelos , vocal de la misma y presidente de la Comisión provincial Científico-Artística, bien relacionado con la Corte de la regente, para que la representara ante los militares. El Ayuntamiento, por su parte, decidió apoyar la pretensión, aun con las limitaciones económicas que le imponía la mala situación de su tesorería. Las negociaciones no pudieron, sin embargo, culminar. Continuadas al año siguiente durante el breve mandato de Serafín María de Sotto , conde de Clonard, al frente del Ministerio, fueron abandonadas cuando, a finales de 1840, Baldomero Espartero asumió la Regencia en sustitución de María Cristina de Borbón.

Reinicio de las negociaciones

La caída de Espartero y la vuelta del partido moderado al poder dieron ocasión para que ahora el Ayuntamiento, presidido desde enero de 1846 por el Vizconde de Palazuelos, decidiera insistir en la, hasta entonces, frustrada demanda. Se presentaban, además, dos circunstancias favorables. En enero de 1844, había sido nombrado Director del Colegio Militar el Conde de Clonard, que seguiría siéndolo hasta finales de 1849, y en junio de 1846, una epidemia obligó al cierre provisional de la escuela en Madrid, donde tenía su sede, e indujo al Ministro de la Guerra, el General Laureano Sanz , a proyectar su traslado.

Aparte de eso, el levantamiento de 1843 contra Espartero y las elecciones de septiembre de 1844, destinadas por el Gobierno del General Narváez a elaborar una Constitución que sustituyera a la de 1837, dieron lugar a la aparición y consolidación de un grupo oligárquico, formado por propietarios, funcionarios, profesores y abogados en el que se mezclaban progresistas defensores de la legalidad constitucional y liberales de carácter conservador. El grupo adquiriría un insólito grado de influencia por su cercanía a quienes estaban al frente de los principales Ministerios, y muy en particular el de Gobernación, a cargo de Pedro José Pidal . Ese grupo se vio a su vez reforzado por toda una cadena de nombramientos dispuestos por quien fue Jefe político de manera casi ininterrumpida desde diciembre de 1843 hasta enero de 1847, Félix Sánchez Fano, lo cual les permitió controlar, en estrecha conexión con la jerarquía eclesiástica, las instituciones básicas de la ciudad y de la provincia, desde Diputación, Ayuntamientos y Consejo Provincial a las Juntas de Beneficencia, de Enseñanza y de Agricultura o la Comisión provincial de Monumentos.

Sería ese grupo el que protagonizara las gestiones. Figuraban entre sus miembros más destacados, entre los progresistas, el impresor José de Cea y el librero Blas Hernández y, entre los moderados, además de Jerónimo del Hierro, Sixto Ramón Parro, elegido Diputado en la lista auspiciada por el partido del Ministro de la Gobernación para las Cortes que en 1845 votaron la Ley fundamental moderada, Gobernador interino, en cuanto Vice-Presidente del Consejo Provincial, entre enero de 1846 y marzo de 1848, durante las ausencias de Sánchez Fano y las de sus continuadores, y Alcalde luego hasta junio de 1850, así como Manuel María Herreros, Secretario de la Junta de Gobierno provincial formada en julio de 1843, Vicedirector de la Sociedad Económica de Amigos del País y, entre otros muchos cargos, Gobernador interino, al igual que Parro, en diversas ocasiones entre marzo de 1848 y junio de 1853 y Diputado en Cortes, primero como suplente en 1844 y, más tarde, como titular, entre 1857 y 1868, dentro del grupo neo-católico liderado por Cándido Nocedal.

El objetivo perseguido con el traslado por el Ministerio de la Guerra y por el Director del Colegio, Serafín María de Sotto, era ubicarlo fuera de Madrid, pero no lejos de la Corte, por un lado, y asegurar, por otro, su buen funcionamiento en las condiciones más ventajosas posibles. Enterado el alcalde, Jerónimo del Hierro , probablemente a través de los Diputados en Cortes por Toledo Gonzalo José de Vilches, secretario del partido moderado y con negocios comunes con José de Salamanca, Ministro de Hacienda en 1847, y Manuel Antonio de las Heras, director del periódico madrileño La Posdata , próximos ambos al General Narváez, se dirigió el 16 de junio a la Reina manifestando su interés por acoger el centro en el Alcázar, símbolo del pasado esplendor de la ciudad. Mientras durase su restauración, el Colegio podría establecerse provisionalmente «en el palacio arzobispal, en el ex-convento de San Pedro Mártir, u otro edificio».

Pocos días después, Manuel María de Herreros, comisionado en cuanto consejero provincial para presentar una propuesta al Ayuntamiento y a los mayores contribuyentes, proponía obtener la cesión temporal del edificio de San Juan Bautista para que, junto con el inmediato cuartel de San Lázaro, sirviera de acomodo inicial al centro de formación. Las obras de habilitación de los locales correrían a cargo del municipio hasta un límite de 150.000 reales. A su vez, entendiendo «la dificultad que ofrece al Gobierno el anticipo del coste» de la restauración del Alcázar, aconsejaba solicitar autorización para hipotecar fincas de propios municipales, establecer nuevos arbitrios y emplear contribuciones de la ciudad y la provincia al objeto de cubrir los préstamos que aportaran los «capitalistas» toledanos a cambio de «una recompensa a interés proporcionado al desembolso».

José Luis Castillo, investigador, autor de la sección «Toledo Fingido y Verdadero» en ABC
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación