Destrozan mobiliario y amenazan al personal del centro de salud de Santa Olalla durante la noche

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera va a denunciar a los autores del incidente por atentado a la autoridad

Fachada principal del centro de salud

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Cuatro miembros de una familia de Quismondo serían los presuntos autores de un episodio violento ocurrido en el centro de salud de Santa Olalla esta madrugada, según han asegurado a ABC diversas fuentes. Uno de ellos necesitaba asistencia y, por motivos aún no aclarados, sus acompañantes rompieron «alguna puerta y cristales», según una portavoz del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) .

También profieron amenazas al personal de guardia en el centro de salud, de referencia para el área sanitaria de Santa Olalla, compuesto por once pueblos. No obstante, la misma fuente del Sescam ha confirmado que ningún trabajador ha resultado herido. Una médico y una enfermera serían las víctimas de este incidente, según el sindicato CSIF.

«Nos han amenazado...»

Por las redes sociales está circulando un audio en el que una supuesta sanitaria del centro de salud explica cómo habría sucedido el ataque. «Nos han agredido, nos han reventado el cristal de la puerta; han abierto, se han subido para arriba, nos han amenazado. (...) Hemos estado veinte minutos encerradas en la habitación hasta que ha llegado la Guardia Civil (...) Han subido arriba, a la zona de las habitaciones, a la cocina, cogiendo un cuchillo, diciéndonos que nos iban a matar. De hecho, la puerta de mi habitación de Enfermería está dañada, como con un cuchillo», se escucha.

Diversas fuentes oficiales consultadas por ABC no han confirmado la veracidad del contenido del audio ni cómo ocurrieron exactamente los hechos en el Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud.

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera va a denunciar a los presuntos autores del incidente, de etnia gitana, por atentado a la autoridad. «Indignación y repulsa ante los hechos ocurridos», ha manifestado el director de la gerencia, José María Ruiz de Oña. «Se está recabando la información precisa y necesaria para proceder a realizar ante el juez la correspondiente denuncia», ha añadido Ruiz, quien ha trasladado su solidaridad y apoyo a los profesionales sanitarios.

Responsables del equipo directivo de la gerencia se han desplazado por la mañana al centro de salud para trasladar a los trabajadores su apoyo. Se han establecido, asimismo, las medidas oportunas para que pueda seguir prestándose la asistencia sanitaria, para lo que se ha enviado un equipo nuevo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recalcado en un comunicado su «postura clara» de rechazo ante la violencia, «sea de la naturaleza que sea». También ha manifestado todo su apoyo y solidaridad tanto a los profesionales de la guardia como a sus compañeros del centro de salud. Les ha ofrecido el asesoramiento legal y el soporte jurídico y administrativo que precisen.

Mejoras en el centro de salud

El alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto , también ha manifestado su repulsa y su condena por los hechos en declaraciones a ABC. Además, reclama mejoras en el centro de salud «porque hay muchas quejas». Pide al menos el refuerzo de la atención telefónica y la dotación de dos equipos de urgencias para que las instalaciones no se queden desatendidas cuando uno de ellos tenga que salir.

El Colegio de Médicos de Toledo ha mostrado su apoyo y solidaridad a los profesionales sanitarios del centro. Considera que la violencia que se ejerce contra el personal sanitario, agudizado por laCOVID-19, no es sólo un problema sanitario, sino que «se trata de un problema social que debemos solucionar colectivamente, como sociedad, fomentando la educación y el respeto hacia quienes nos cuidan».

Otros casos recientes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama más seguridad en la atención sanitaria presencial ante el aumento de episodios violentos. Cita una agresión física ocurrida hace una semana en el Centro de Salud de Santa María de Benquerencia (Toledo), que se suma a las últimas producidas en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete, en la atención a un parto en el hospital Virgen de la Salud de Toledo y en el consultorio médico de Novés, también en la provincia de Toledo.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Toledo, Marisa García, señala que «la tensión está creciendo, y para hacer frente a ello hay pocos recursos humanos y poca o ninguna seguridad». Por eso reclama al Sescam que se redoble la vigilancia en aquellos centros de mayor conflictividad, algo que sólo puede realizarse con una inversión a través de la contratación de personal, incluso durante las 24 horas del día. También la implantación de otros recursos, como la instalación del botón del pánico , cámaras de seguridad, adaptación del espacio de atención asistencial como recurso para prevenir agresiones y el establecimiento de la aplicación Alertcops .

Plan Perseo

Por otro lado, el Gobierno regional recuerda que la Comunidad Autónoma cuenta con el Plan Perseo, un programa específico del Sescam para episodios violentos. Su objetivo es actuar con la máxima contundencia y celeridad ante hechos de la naturaleza como los que se han producido esta madrugada en el Centro de Salud de Santa Olalla.

El Gobierno regional asegura que viene trabajando en los últimos años para configurar un conjunto de herramientas que «permitan prevenir las agresiones y actuar en el caso de que se produzcan». Dentro de estas acciones se enmarca el Observatorio de la Violencia. Está integrado por representantes de varios departamentos del Sescam, de la Consejería de Sanidad, de los colegios profesionales de médicos y enfermería; sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y la Delegación del Gobierno, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Asimismo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ofrece a sus profesionales un servicio de asesoramiento jurídico durante las 24 horas del día los 365 días del año. Un servicio que se viene prestando desde hace tres años, con el que el Ejecutivo regional afirma que ha conseguido mejorar la protección jurídica que ofrece a sus profesionales en el caso de agresiones.

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